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Aborto y pensiones

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo 19 julio 2009

Aborto y pensiones
Fernando Romero Saura. Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia

La percepción social coincide, de modo casi unánime, en que el aborto no es un bien, sino un mal, motivo por el que es un delito. Sucede, sin embargo, que las graves penas que el Código Penal impone a quien cometa ese delito son burladas por voluntad del propio legislador, con sólo alegar la existencia de riesgo psíquico para la madre, lo que en la práctica supone el 97% de las causas exculpatoria del delito, sin ningún tipo de control administrativo. Los daños que se derivan del aborto son sobradamente conocidos y afectan al equilibrio psíquico de la mujer, socava la convivencia social por eliminar, en la práctica, el derecho a la vida de un ser indefenso, cuya estancia en el seno materno forma parte del desarrollo del fenotipo humano y tiene, además, graves consecuencias económicas para el conjunto de la sociedad.

Según datos del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2005), se calcula que el sistema de pensiones en España, según proyección del sistema de gastos e ingresos, hará crisis en el año 2020, llegándose a un déficit de 17.721 millones de euros, en el caso de que los cálculos, realizados sobre supuestos óptimos, estén bien hechos. Es obvio que este evento no es nada tranquilizador para la población que en esa fecha tenga la condición de pensionista. Parece que hay acuerdo en que los remedios para evitar llegar a ese despeñadero social no son otros que un aumento de la natalidad, un retraso de la edad de jubilación y una mejora de la productividad.

La política del actual Gobierno socialista no es precisamente la de favorecer la natalidad, sino lejos de ello, liberalizar todavía más el aborto y, consecuentemente, reducir la natalidad. En la Unión Europea no sólo lideramos la destrucción de empleo (hemos proporcionado el 49% de los desocupados), sino también el aumento del número de abortos. Según los datos que se recogen en el completo estudio ‘Aborto y Políticas Públicas’ (octubre 2008), realizado por el Instituto de Estudios del Capital Social INCAS (www.ipfe.org), de la Universitat Abat Oliba CEU, en los últimos seis años el aumento del número de abortos en España ha pasado de 63.756 a 101.592, es decir un aumento del 59%, cifra realmente aterradora si la comparamos con Alemania, donde ha descendido un 11%, con Italia con descenso de un 1%, o aumentos como el de Francia, en un 5%, o el de Inglaterra, en un 9%.

Centrando nuestra atención en el fatídico 2020, la población perdida como consecuencia del aborto, contando desde 1985, ascenderá a 3.977.774, lo cual supondrá el 8,17% de la población total, o el 8,63% de la población total, según una diferente apreciación que se efectúa del efecto inmigración.

Obviamente, el impacto de esas cifras de abortos sobre la sostenibilidad del presente sistema de prestaciones sociales es demoledor, si se evalúa en términos de capital humano. Se estima que el capital humano que un español genera a lo largo de su vida activa es de 440.000 euros constantes de 2002, fluctuantes en razón del nivel de estudios. La pérdida de capital humano en el periodo 1985-2020, por causa de los abortos, será de 264.786,7 millones de euros constantes de 2002, y 309.800, 4 millones de euros de 2007, cifras que, por su volumen, ya resultan difíciles de manejar. Naturalmente, de ese capital humano, se nutrirían las cuotas a la Seguridad Social que, haciendo una consideración particularizada, en el año 2006 habría dejado de percibir 14.370 millones de euros de 2007, considerando todo el periodo de vida activa de los abortados. Teniendo en cuenta que el fondo de reserva de la Seguridad Social en el año 2006 ascendía a 32.673 millones de euros, la aportación total dejada de realizar supondría el 44% aproximadamente de ese fondo de reserva. Las políticas antinatalistas, si no se rectifican, influirán poderosamente en el colapso del sistema de pensiones que parece no lejano.

Las leyes del Gobierno van en dirección contraria a lo que el bien de la sociedad exige; en el ámbito autonómico tampoco hay decididos apoyos a la maternidad. Dentro de este panorama, bastante desolador, la única excepción, justo es decirlo, que puede tener un importante valor de referencia, es la Ley 6/2009, de 30 de junio de la Comunitat Valenciana, de Protección a la Maternidad, en la que se articula un importante paquete de medidas a favor de la maternidad. Aunque el dicho popular es que una golondrina no hace verano, por lo menos da una cierta esperanza de que, para otros, sea materia de reflexión y también de cambio de rumbo.

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