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Al loro, ni chocolate

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 18 septiembre 2011.

Al loro, ni chocolate
Por José Sarrión Gualda. Catedrático de Historia del Derecho. Universitat Jaume I.

Es un tópico referirse, como el chocolate del loro, a los gastos menudos de las Administraciones públicas que, por su escasa cuantía, no parece que sea necesaria una estricta justificación de los mismos. Pero, por tratarse de fondos que proceden de los impuestos, todo dispendio de las mismas debe ser absolutamente justificable y justificado. Se han de tener muy en cuenta que todos los recursos de las Administraciones son públicos por su destino (satisfacer unas necesidades comunes de la sociedad); pero, al mismo tiempo, son “privados” por su origen (proceden del bolsillo de los ciudadanos).

Hecha esta advertencia sobre la escrupulosidad en los dispendios que debe regir la gestión y actuación de las Administraciones, conviene reflexionar sobre la necesidad de reducir el gasto público, para paliar el déficit crónico de nuestras finanzas y achicar la deuda pública que nos tiene sumidos en la miseria. Las medidas que aquí se proponen no son en modo alguno originales: todas se han dado a conocer por la opinión pública, pero queremos enumerar algunas de ellas. La primera medida consiste en la reestructuración a la baja de todas las Administraciones públicas (estatal, regional o autonómica y local: diputaciones y ayuntamientos), sometiéndolas a un estricto régimen de “adelgazamiento”. En principio no parece que la organización del Estado pueda reducirse sustancialmente, por cuanto ya se ha producido un excesivo vaciamiento de sus competencias y funciones a favor de las Comunidades autónomas. Son éstas las que adolecen de una hipertrofia en su estructura y organización porque han imitado y emulado las del Estado.

Algunas de las medidas aquí propuestas comportan una reforma de la Constitución y al ser tan necesarias no tendría que haber ningún reparo en la modificación de la misma. Para comprobar la inutilidad de algunos órganos del Estado hagamos un pequeño ejercicio de imaginación y preguntémonos si el funcionamiento del aparato del Estado mejoraría incluso con la supresión de alguno de sus órganos. Un ejemplo: la función legislativa del Estado ¿acaso padecería con la supresión del Senado, que apenas cumple otras funciones? En las Comunidades autónomas, ¿no podrían nutrirse sus Parlamentos o Cortes de diputados provinciales en proporción a los votos de cada partido? Muchos parlamentos regionales aprueban muy pocas leyes al año. Esta función legislativa y la de control de Gobierno regional apenas puede producirse al contar éste con la mayoría de la Cámara y no permitir comisiones de investigación, por lo que no se justifica la existencia, en su composición actual, de los parlamentos regionales.

Se levantan voces sugiriendo la conveniencia de suprimir las Diputaciones provinciales por innecesarias. En su haber histórico hay que apuntar que en sus inicios defendieron el régimen liberal y a lo largo de su existencia han prestado apoyo de todo orden a sus municipios. También se sugiere la agrupación de pequeños municipios pero hay que proceder con exquisito cuidado para no despojarlos de todo servicio público. En muchos casos ya han perdido el cuartel de la guardia civil, las escuelas, el cura, el médico, etc.
Más que suprimir algún nivel de las Administraciones públicas lo conveniente es fijar de forma clara las competencias que le son propias y los servicios que se le atribuyen, eliminando duplicidades. Así se manifestaría que algunos servicios y unidades de todos los niveles de las administraciones son innecesarios.

Dentro de cada Administración es preciso reducir su estructura a través de varios procedimientos. Supresión de organismos y empresas públicas, creadas, a veces, para colocar a los correligionarios y tratar de escapar del control de la intervención del Estado. Supresión del enjambre de asesores, cuyo nombramiento escapa al procedimiento del sistema de oposiciones; las propias unidades administrativas, según la naturaleza de su función, deben asesorar a los cargos políticos. Supresión de muchos coches oficiales que hacen muy visible el despilfarro y la utilización de este medio y otros (tarjetas de créditos y teléfonos móviles) para asuntos estrictamente oficiales. Supresión o reducción de las TV’s autonómicas, que están al servicio propagandístico del Gobierno regional y cuya financiación es un pozo sin fondo.

Capítulo especial merecen también las subvenciones otorgadas por cualquier nivel de la Administración. No mencionaré las que deben mantenerse, sino de algunas que deben suprimirse: las que reciben los sindicatos y las que se otorgan a los partidos políticos. Asimismo cabría una revisión de la total gratuidad de algunos servicios públicos.

La gestión económica y financiera de los recursos públicos por parte de los políticos debe ser llevada a cabo con más meticulosidad que la administración de su propio patrimonio, por tratase de recursos ajenos.

Es necesario un estricto ajuste de los gastos de las Administraciones públicas a los presupuestos aprobados, así como el control minucioso de los mismos por las diversas Intervenciones.

Conviene una tipificación delictual e introducción en el Código penal de aquellas conductas de los políticos y funcionarios públicos que impliquen una mala gestión de los recursos públicos.

Es necesaria también una fiscalía del Estado independiente y vigilante de los casos de corrupción, sin mirar el color de sus autores.

Y siempre hay que seguir negándole al loro el chocolate, como el gasto que supone el servicio de traducción en el Senado, porque caemos en el ridículo.