Dos Anteproyectos con distintas visiones
Javier Plaza Penadés (Profesor de Derecho Civil de la Universitat de València)
El primer Anteproyecto que quería comentar es el que está elaborando el Gobierno de España relativo a la despenalización del aborto, cuyo mero anuncio ha provocado y va a seguir provocando apasionados debates entre partidarios y detractores, cumpliendo en buen parte el cometido de centrar la agenda política y el debate social en otros temas que permitan olvidar, aunque sea por momentos, las graves secuelas de la complicada situación económica que se vive en España.
Cierto es que se trata de una simple propuesta de Anteproyecto de Ley, cuyo texto en detalle no se conoce (o al menos yo desconozco), y cuyo contenido parece se va modificando y perfilando según se manifiesta en contra la opinión pública, como ha ocurrido con la controversia generada sobre la capacidad de la menor de dieciséis años de decidir por sí sola y sin conocimiento de los padres la práctica del aborto.
Lo cierto es que el Anteproyecto (salvo sorpresa) va a tener una escasísima trascendencia práctica, ya que tanto el sistema actual como el que se derive de la arbitrariedad de unos plazos (tres, doce, quince, veinte o veintidós semanas), no pondrá fin a los abortos ilegales practicados fuera de plazo y difícilmente se condenará a ninguna mujer gestante por esa praxis (como ha ocurrido en todos estos años).
A ello se une las enormes dificultades de su tramitación parlamentaria, que requiere (por el necesario carácter orgánico de la Ley) de mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación. Lo cierto es que la búsqueda de apoyos parlamentarios para esta Ley será una tarea ardua y compleja, pues para unos la reforma es excesiva e innecesaria (ya que el marco legal actual se ha revelado como adecuado y está además validado por el Tribunal Constitucional) y para otros es claramente insuficiente (ya que en el fondo la Ley no despenaliza el aborto, que va a seguir siendo delito en España, por lo que la futra Ley no pondrá fin ni solución a la práctica tolerada de abortos ilegales).
En medio de esa polémica, la Generalitat Valencia ha tenido la habilidad política y el acierto social de anunciar un Anteproyecto de Ley de protección y promoción social de la maternidad (cuyo texto también se desconoce), pero que, desde un punto de vista puramente ideológico, tiene como principal virtud el hecho de que nadie puede estar en contra. Se trata de un Anteproyecto que es desarrollo del marco competencial que tiene la Generalitat Valenciana en materia de protección del menor y la familia, y que tiene como principal cometido crear una Ley de fuerte calado social y de promoción de la natalidad que permita la percepción de ayudas económicas y prestaciones sociales desde el momento de la concepción (certificada médicamente), a la vez que se prestará un apoyo e información a aquellas mujeres que en el ejercicio de su responsabilidad de decidir ser madres tengan dificultades económicas o personales para ello. Una Ley que nada tiene que ver con en el aborto, como prueba el hecho de que esta Ley tendrá vida propia al margen de cual sea la legislación española, actual o futura, en dicha materia y que evidencia otro camino, otra visión y otra misión en la innovación y liderazgo de las políticas sociales de consenso.