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Becarios sin ánimo de lucro

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 1 abril 2012.

Becarios sin ánimo de lucro por Alberto Báez

En tiempos de bonanza económica, la realización de las prácticas en una empresa era un mero ‘trámite’ por el cual todos teníamos que pasar. De ahí los famosos cafés, fotocopias y otras tareas que muchos becarios se veían obligados a hacer. Sin embargo, cuatro años después de destrucción masiva de empleo nos encontramos a toda una generación de jóvenes en paro o en el mejor de los casos, becarios de los cuales se podría decir que no tienen “ánimo de lucro”.

Este ciclo económico desfavorable para los jóvenes debería ir acompañado de medidas que revisen la relación entre la empresa, el becario, y los organismos intermediarios. En tiempos de bonanza, la propia administración pública y muchas instituciones educativas hicieron la vista gorda sobre la situación de los becarios dentro de las empresas. Efectivamente, era un trámite más de apenas unos meses y por ello, muchos tutores de empresa no formaban y muchos estudiantes realizaban tareas distintas a las relacionadas con su licenciatura académica.

La crisis económica y las distintas reformas laborales nos obligan a replantearnos la formación que los estudiantes en prácticas reciben dentro de la empresa. El periodo de prácticas tiende a alargarse en el tiempo y las empresas obtienen bonificaciones por ello, y en algunos casos subvenciones de la administración. Por consiguiente, se debe poner el acento en la elección del tutor. No se puede tolerar que el tutor esté ausente, haga dejación de sus funciones o que la empresa imponga a una persona la responsabilidad de ser tutor cuando éste no reúna las habilidades para ello. Hay que fomentar una política de formadores vocacionales dentro de la empresa que sea capaz de transmitir al becario las habilidades y competencias claves que le va a permitir crecer y desarrollarse desde el punto de vista personal y profesional.

En el cambio de esta mentalidad juega un papel imprescindible la Administración y los organismos educativos que interceden, incentivan y subvencionan a las empresas que tienen bajo su responsabilidad a los becarios. Se debe ser mucho más exigente en la elección del tutor y analizar si esa persona reúne las condiciones para educar de forma totalmente vocacional al becario. De lo contrario, nos estamos convirtiendo, en cierto modo, en cómplices del deterioro del mercado laboral y de la situación económica.

La propia Comisión Europea es consciente de la importancia en invertir en educadores vocacionales como personas claves para hacer de Europa una región mucho más competitiva apostando en los recursos humanos, y en especial, incentivando la formación dentro de la empresa. Un claro ejemplo es el programa comunitario Grundtvig, dotado de 6,9 billones de de € para el ejercicio 2007-2013 y destinado a mejorar las habilidades de todas aquellas personas que, directa o indirectamente, están involucradas en la formación de personas adultas.

En este contexto, también es imprescindible elaborar, por parte de la clase política, programas de incentivación del empleo juvenil que reduzcan la alarmante cifra del 46% de desempleo juvenil que existe en España. En Irlanda, el gobierno ha creado un ‘Plan Nacional de Prácticas’ para todos aquellos jóvenes que no tienen ninguna clase de experiencia profesional. El programa tiene numerosas ventajas para las empresas, pero como contrapartida se presta especial atención en la elección del tutor para que cumpla con el objetivo de “dar a la gente una oportunidad real de adquirir una valiosa experiencia para cerrar la brecha entre los estudios y el comienzo de la vida laboral”.

Los resultados han sido sorprendentes: Más de 2.100 ofertas de prácticas activas en todos los sectores, y casi 4.000 ya en curso. De acuerdo con el equivalente al Instituto Nacional de Estadística (INE) irlandés ha habido una reducción de casi un 9% de desempleo juvenil en el último año (febrero 2011 – febrero 2012) y la tasa de paro juvenil se sitúa en el 17%. Inferior incluso a la media de la UE, que se sitúa en el 21%.

Datos que llaman a la esperanza y que acreditan que, los fondos comunitarios, bien utilizados y gestionados por las administraciones públicas generan empleo y pueden rescatar a toda una ‘generación perdida’. Ahora bien, hay una pregunta obligada, ¿en dónde ha invertido la administración pública española los fondos provenientes de la UE?