Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 23 marzo 2014.

Derecho versus Conciencia
Por Juan Alfredo Obarrio Moreno. Profesor Titular. Universitat de València.

Una de las cuestiones más polémicas y seguramente más controvertidas en el ámbito de la Ciencia jurídica es el por qué de la obediencia al Derecho. No en vano, autores como González-Vicén llegan a sostener que “nunca existe una razón moral para obedecer al Derecho, y sin embargo siempre existen múltiples razones para desobedecerlo”. Quizá no se equivocan. Como no se equivocó Sófocles al plantear una dramática reflexión sobre el alcance del deber jurídico, sobre el dilema entre la obediencia a la propia conciencia o a la norma. La tragedia de Antígona (422 a.C.) es bien conocida. Antígona, hija de Edipo, ve como sus hermanos mueren enfrentados. Su tío, Creonte, publica un bando en el que prohíbe que se entierre a Polinices por haber matado a su hermano. Antígona, aun conociendo que su incumplimiento era castigado con la pena de muerte, decide respetar un deber sagrado: dar sepultura a su hermano. La razón esgrimida está en que la conciencia y las leyes divinas son superiores a las civiles: “no creí que tus decretos tuvieran fuerza para borrar las leyes divinas. Pues no son de hoy, ni de ayer, sino que siempre estuvieron vigentes para guiar al hombre”. A su respuesta, Creonte reivindica la legalidad como única garantía de progreso y de paz: “No hay mayor mal que la anarquía. Ella sola es causa de la ruina de la ciudad. El orden y la obediencia a la ley son la única garantía del bienestar y la paz. Es deber del gobernante hacerla cumplir y del ciudadano guardarla. Quien se rebela contra la ley compromete el presupuesto de su libertad”.

El relato nos presenta dos modelos de razonamiento en contraste: el de Creonte, para quien la única legalidad deviene de la voluntad del pueblo, de una soberanía legítimamente reconocida y ejercida, cuya plasmación se halla en la ley; y el de Antígona, para quien la ley, si no se adecúa a un imperativo moral ineludible que justifique su cumplimiento, no representa aquellos principios irrenunciables de justicia por los que vale la pena luchar y morir. Por esta razón, no pudo desoír aquella la voz que le dictaba que no había de quedar insepulto el cuerpo de su hermano. Porque de no atenderla, de no comprender el valor de la recta conciencia, no advertiría la trágica relación que se produce –con excesiva frecuencia- entre el Derecho y la voluntad del gobernante, entre la ley y el mandato, entre el mandato y la sumisión, entre el ciudadano y el súbdito. Antígona lo supo comprender, e hizo lo que los gobiernos nunca harán: hizo de su honestidad un sacrificio personal.

Si nos paramos a reflexionar sobre el alcance de este sugerente relato, en sus páginas hallaremos una visión premonitoria de la vigente relación entre el Derecho, el poder y la política. A este respecto, Rudolph von Ihering, con su claridad habitual, llegó afirmar que: “el derecho sin fuerza es una palabra vacía; es un fuego que no quema”. Esta visión del Derecho viene a identificar la ley con la fuerza, olvidando así la necesaria conexión con la dimensión ética de la Justicia, la cual queda relegada a un ámbito meramente formal de legitimidad: para saber si un Derecho es justo no tenemos que preguntarnos si su contenido atiende al bien común, o si se ajusta a la moral o a la ética, sólo si el poder que lo ostenta es legítimo. De esta forma, si quienes dictan las normas ejercen legítimamente su poder, éstas se justifican y se consagran en el altar de la Historia como un Ordenamiento justo. Y así, por ejemplo, tendríamos por justas las leyes que sancionaron la segregación racial en la Alemania de los años treinta o en los Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XX, o el apartheid en Sudáfrica. Fueron normas sancionadas por gobiernos legítimos, por mayorías sólidas, ¿pero fueron justas? ¿Lo son las que condenan a un hombre a la pena de muerte? ¿Las que no respetan la vida del concebido y no nacido? Si lo son, y sólo si lo son, daría por buena la afirmación Kant: “la democracia es la dictadura de la mayoría”, la que convierte a la ideología en poder y al Derecho en el instrumento represivo de ese poder.

Se preguntarán ¿Y los jueces, no están para velar por la tan manida separación de poderes? La ingenuidad siempre nos enternece, pero no nos debe hacer perder la perspectiva. Corrían los primeros años ochenta cuando un todo poderoso Vicepresidente del Gobierno sentenció: ¡“Montesquieu ha muerto”! Y a fe que murió cuando se permitió, de manera impune, que quien decide el contenido de la ley y quien aplica sus sanciones es el mismo poder que se reparte con la oposición, o, mejor dicho, quien designa con ésta a los magistrados de los altos tribunales de la Nación. Es la obscena confusión entra la judicatura y la política, entre la justicia y la prebenda, entre el Derecho y la inseguridad, entre la independencia y la sumisión, entre Antígona y Creonte. Y en esta partida de póker siempre se sabe ganador el mismo jugador: el eterno partido de la mayoría. A ellos, los hijos de Prometeo –el dios de la metamorfosis-, les está permitido realizar este pacto de desleal lealtad a la Constitución, la misma que juraron respetar y cumplir.

Y entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos que descreemos que la política pueda ser un instrumento para acceder y mantenerse en el poder (Maquiavelo)? Aunque carezco de la adecuada autoridad, debo confesar que mi pensamiento no baila al compás que marca el viento que nos proponen, sino en pro de la defensa y el respeto absoluto a las conciencias de las personas, de aquellas convicciones personales que la ley no puede traspasar ni violentar, las mismas que me enseñan que la famosa “razón de Estado” no puede amparar ni justificar la violación de los derechos, ni la intimidad de las personas, ni sus valores, ni sus creencias. Por el contrario, como diría H. Arendt, cabe “volver a la consideración de la política como tarea común de hombres libres que sueñan con empresas dignas de ser narradas”, como lo fue la de Antígona. De no hacerlo, quizá nuestra sociedad y nuestra conciencia estén condenadas de antemano. Pero, a diferencia de Fukuyama, que aventuró “El fin de la Historia”, prefiero no caer en el desaliento y pensar que estamos al principio del fin: el que representa la obediencia crítica y el respeto a las conciencias. De nosotros depende, sólo de nosotros.