Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 15 agosto 2010.
El exilio de la Verdad
Por Juan Alfredo Obarrio Moreno. Profesor Titular de Derecho Romano. Universitat de València.
Nunca como ahora me han parecido tan sugestivas y reveladoras las palabras vertidas en el Retrato del artista adolescente: “No serviré aquello en lo que ya no crea, se llame mi hogar o mi patria; y trataré de expresarme en alguno de los modos de la vida o del arte tan libremente y tan plenamente como pueda, usando para mi defensa las únicas armas que me puedo permitir: el silencio, el exilio y la sagacidad”. En ellas J. Joyce me invita a reflexionar contra un proyecto político que intenta ordenar, explicar y manipular el mundo como si la múltiple realidad pudiese ser representada en un simple modelo pseudocientífico, y a proclamar la necesaria defensa de un espacio de libertad individual al que el Estado no pueda acceder, una libertad que nos permita romper con aquellos estereotipos y categorías reduccionistas que son tan limitadores del pensamiento y de la razón.
La Historia nos indica que esta concepción relativista de la vida no es nueva. Ya en la antigua Grecia, los sofistas, al enseñar a los atenienses el arte de la oratoria, quisieron hacer ver que el hombre no podía conocer el ser, y que la verdad era relativa, porque estaba sujeta a la opinión y a la persuasión del lenguaje. Frente a esta concepción banal de la vida, frente a la verdad adormecida se alzó Sócrates, e hizo ver que hay una Verdad eterna, inmutable y exterior al hombre, que éste descubre a través del intelecto, de ese diálogo permanente entre el ser y el saber, el mismo que nos enseña que los sentidos son meras apariencias u opiniones.
Nada queda de este noble espíritu en el actual gobierno que nos desgobierna. En el discurso de clausura del XXXVI Congreso de PSOE, el presidente Rodríguez se comprometió a reivindicar una sociedad laica. No habló de un Estado laico, sino de una sociedad laica, y un Estado que impulsa una sociedad laica es un Estado laicista, lo que determina que éste tenga como prioridad la exclusión del cristianismo en la esfera pública, así como de todos los valores que representa, lo que comporta una clara y flagrante vulneración del artículo. 16.3 de la Constitución española, en el que se recoge un concepto positivo de laicidad, al señalar la obligación que tienen los poderes públicos de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.
Un ejemplo de esta concepción laicista es la promulgación de la actual ley del aborto, una ley que, a mi juicio, se aparta del Derecho justo, precisamente porque la legalidad, la obediencia externa del mandato, exige que la vis coactiva se utilice para la consecución de fines justos y legítimos. En este sentido, juristas como. H. L. A. Hart o A. Ross nos enseñaron que el reconocimiento de la validez de un Derecho inocuo o injusto no impide ni su condena, ni su desobediencia por razones morales, las mismas que llevaron a Ross a sostener: “aun reconociendo un orden como orden jurídico, existe siempre la posibilidad de que considere mi deber más sagrado la destrucción de ese orden”.
Desde un punto de la Ciencia jurídica, la nueva ley, al permitir el aborto durante las primeras catorce semanas de la gestación, está reconociendo que el derecho a la vida no es un derecho absoluto -un bien en sí mismo-, o, si se prefiere, que este derecho fundamental no se reconoce para los embriones de menos de 14 semanas, porque –para nuestros legisladores- aunque la vida del embrión (incluso en las primeras etapas de su desarrollo) debe considerarse como un bien digno de protección jurídica, su valor es inferior al de la autonomía de la mujer –“nosotras parimos, nosotras decidimos”-, lo que justifica que el aborto no deba ser penalizado.
A la luz de los hechos, me viene a la mente la sugestiva afirmación de Hart “La justicia es un ideal irracional”, y es irracional porque desde el Estado, y desde la mayoría de los medios de comunicación afines, nos vienen a inculcar la creencia que sostiene que el Derecho es simplemente un conjunto de prescripciones y de prohibiciones en el que no cabe las razones subyacentes a las normas -los valores-, en el que la moral dista del Derecho. Y de esta forma tan sibilina se empieza a sustituir la ética por la ideología, el discurso racional por los slogans al uso de la progresía –derechos humanos, progreso, bien común, etc.-, hasta que los conceptos como la defensa de la vida, del concebido y no nacido son relegados al ostracismo más absoluto por una clase dirigente miope y por una sociedad civil silente que acepta sin sonrojarse cómo se llama “interrupción del embarazo” a la muerte voluntaria de una vida que se distingue del cuerpo y del destino de la madre, aunque temporalmente se halle unido a él.
Como jurista y docente seguiré inculcando a mis alumnos –si así lo desean- que no se dejen llevar por la ingenua ilusión de un supuesto neutralismo político en el ámbito del Derecho, y les seguiré animando a que comprendan que esta sociedad que nos invade se va cimentando en una sabiduría que se funda, no sobre el pensamiento, sino en la conquista de las cosas visibles y perecederas, y a que descubran que no es la libertad la que nos libera, sino la Verdad buscada libremente, aunque esto último nos lleve al olvido de todo cargo académico o curricular.