Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 7 junio 2009
Universitas
El subsidio como mera respuesta de política social
Javier Orduña Moreno. Catedrático de Derecho Civil. Universitat de València
En el año 2010 la Unión Europea centrará su Agenda social en el Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Mucho nos tememos que, a tenor de los datos objetivos de los que actualmente se dispone, en la celebración de dicha Agenda, la Presidencia española de la Unión Europea tendrá el dudoso honor de liderar tanto las tasas más altas de paro de la Unión como de presentar un claro retroceso en las políticas de protección social.
El lector debe saber que, al igual que ocurre en el ámbito del fútbol, el lamentable ‘doblete’ que acompañará el recorrido de la Presidencia Española se juega en ligas y competiciones distintas y bien diferenciadas, que no deben mezclase o confundirse entre ellas. El símil tiene su oportunidad ante el anuncio del presidente del Gobierno de que en la futura negociación de la financiación autonómica, las Comunidades Autónomas deban compartir con el Estado la carga financiera de prolongar las prestaciones por desempleo; confundiendo interesadamente las competencias y responsabilidades de unos y otros.
En nuestro sistema constitucional de protección social, y sin perjuicio de una debida coordinación y colaboración interadminstrativa, las políticas de protección social, de marcada competencia autonómica, quedan claramente diferenciadas respecto de las competencias y responsabilidades del Estado en materias de Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, del Sistema de la Seguridad Social y su correspondiente caja única. En iguales términos, sus modelos de desarrollo y sostenibilidad son también diferentes, pues las primeras se nutren de la propia financiación autonómica, mientras que las segundas se sustentan en los presupuestos generales del Estado de acuerdo con sus respectivos instrumentos de financiación, particularmente redefinidos en materia de Seguridad Social a través del conocido Pacto de Toledo. En este contexto, la confusión de los distintos órdenes representa tanto una clara irregularidad competencial, como un notable despropósito a la hora del correcto funcionamiento y aplicación de dichos sistemas.
Por lo demás, como sabemos, la protección social en este ámbito no tiene por objeto el desarrollo económico y su proyección en la creación de empleo y mejora de nuestros sectores productivos, factores todos ellos que sí intervienen directamente en los mecanismos de sostenibilidad de nuestro sistema se Seguridad Social, sino la atención o respuesta institucional al fenómeno de la ‘exclusión social’, como un supuesto más amplio y complejo que el derivado de la mera noción de pobreza económica y, en su caso, de la situación de desempleo.
Confundir estos órdenes acarrea también consecuencias perniciosas. Tal y como acaba de publicar Eurostat, el gasto de España en protección social ha bajado hasta el 20,9 por 100 de PIB. Se trata del primer retroceso desde el año 2001, situando a España en el puesto número catorce de los veintisiete países clasificados por Eurostat. Analizando con más detalle dichos datos se observa que el aumento de la protección social en desempleo (único dato en que España supera la media europea) ha contribuido a desnaturalizar la protección social en ámbitos tan importantes como la atención a la discapacidad, el apoyo a las familias y los hijos, y los gastos en personas mayores y supervivencia.
Una vez más, parece que el Gobierno quiere anunciar nuevos derechos sociales sin garantizar su financiación debidamente y en detrimento de la sostenibilidad de las políticas autonómicas de inclusión social.