Artículo de opinión publicado el 9 de julio del 2017 por Vicente Bellver Capella, Catedrático de Filosofía del Derecho (Universidad de Valencia)

«Los ciudadanos están mayoritariamente hartos de los políticos. La corrupción fue la llama que predió la hoguera final. Hace 2500 años ya lo había advertido Aristóteles: “Muy importante en todo régimen es contar con una organización, por medio de las leyes y demás normativas, tal que las magistraturas (los cargos públicos) no puedan proporcionar dinero. Pues no se irrita tanto el pueblo por estar privado del poder –a veces incluso agradece que se le permita dedicarse a sus asuntos particulares- como si piensan que los magistrados (los políticos) roban los bienes públicos; en cuyo caso, les molestan ambas cosas: no intervenir en el reparto de los honores ni en el de las ganancias” (Aristóteles, Política, 1308b). Como se ve, nada nuevo bajo el sol del Mediterráneo.

Cuando los políticos (y los cómplices de sus enjuagues, porque no puede haber corrupción sin corruptor y corrompido) se dedican a “robar los bienes públicos”, los ciudadanos se indignan y tienen dos alternativas: comprometerse más aún en la vida política, para regenerar las instituciones y promover una verdadera cultura del bien común; o renegar definitivamente de la política y convencerse de que no hay más opción para ser feliz que refugiarse en la vida privada. El camino primero es arduo, como enseguida veremos. Pero el segundo acaba de la peor manera. También del desenlace fatal de esta alternativa nos advertía Cicerón hace muchos siglos: “Es evidentemente absurdo lo que dicen algunos, que a su padre o a su hermano no los perjudicarían para beneficiarse ellos, pero que las relaciones con otros ciudadanos son muy diversas. Estos establecen que entre ellos y los ciudadanos no hay derecho alguno: ningún vínculo mutuo que tienda a buscar el bien común; y esta sentencia viene a destruir toda asociación civil” (Cicerón, De los deberes, Libro III, 6, 27). Cuando uno desprecia la política, cuando desconoce sus deberes hacia los demás y al bien común, y vuelca sus energías exclusivamente en sí mismo y en los suyos, “destruye toda asociación civil” y, con ella, también la posibilidad futura de una vida privada floreciente.

Aunque pueda parecer que la Declaración Universal de Derechos Humanos únicamente proclama los derechos que tiene todo ser humano y que el Estado debe garantizar, contiene en su penúltimo artículo una referencia que es la clave de bóveda de todo el edificio de los derechos y viene al pelo para lo que venimos comentando: “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad” (art. 29.1). O sea, que por mucho que nos defrauden los políticos nosotros no podemos desentendernos de nuestros deberes cívicos y dedicarnos solo a lo nuestro. Porque lejos de ser un peaje que pagamos a disgusto para que nos dejen hacer nuestra vida, el cumplimiento de esos deberes es condición para nuestro pleno desarrollo personal.

Ahora bien, no resulta nada fácil averiguar en qué consiste amar a la patria y entregarse a la consecución del bien común. Los dos modelos de patriotismo que más fácilmente reconocemos en la actualidad resultan igualmente insuficientes. Uno fundamenta el amor a la patria sobre unos principios tan abstractos y universales que carecen de cualquier capacidad para emocionarnos. Sobre esas bases resulta imposible anteponer gustosamente el bien común al propio. Como dice Martha Nussbaum, “la emoción patriótica es un puntal necesario para proyectos valiosos que impliquen un sacrificio por los otros” (Emociones públicas, p. 250). Esa emoción solo se alcanza cuando nos identificamos con una historia común concreta, con unos símbolos que veneramos y, sobre todo, con una cultura compartida que nos haga sentirnos parte de un gran proyecto común. Este segundo modelo de patriotismo toca nuestras fibras más sensibles. Sin embargo, fácilmente puede llevarnos a actitudes excluyentes, a distinguir entre buenos y malos ciudadanos o, peor todavía, a identificar a determinados colectivos o grupos sociales como “chivos expiatorios”, responsables exclusivos de todos los males que nos afligen.

Para que el amor a la patria resulte inclusivo es preciso mirarnos como somos, sin negar nuestros logros pero sin creernos superiores; sin victimizarnos (lo que nos lleva, cuando lo hacemos, a ver enemigos por todas partes) pero sin odiarnos (lo que conduce a la autodestrucción). Si uno contempla la historia de España en los últimos cuarenta años tendrá motivos para criticar o incluso para avergonzarse como pueblo. Pero si uno se queda en eso y desconoce los logros que hemos conseguido entre todos en estos años, que sobrepasan con mucho nuestros fracasos, tendrá una visión distorsionada de la realidad que solo le puede llevar al rencor o a la depresión.  Y con esas emociones tóxicas es fácil intuir dónde se puede acabar. Por el contrario, si uno se esfuerza por tener una visión completa, se llena de gratitud hacia quienes han hecho posible que estemos donde estamos y de responsabilidad preñada de ilusión ante lo que queda por hacer.

Por si no tuviéramos bastante con la dificultad de construir un patriotismo que enardezca nuestros corazones sin caer en el narcisismo colectivo y excluyente, nos encontramos con que tenemos que hacerlo en sociedades moralmente fragmentadas, en las que parece que nada sólido queda. Javier Gomá reconoce que “los valores últimos y más sublimes han desaparecido de la vida pública por efecto de la crítica nihilista y de la secularización y todavía nuestra época no ha sabido crearse costumbres donde los nuevos valores se propongan de forma convincente a la ciudadanía” (Ejemplaridad pública, p. 126).

Quizá la base más sólida para construir nuestro futuro la encontremos en el inicio mismo de la  Declaración Universal de Derechos Humanos: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Ese reconocimiento de que todo miembro de la familia humana tiene dignidad y, por tanto, derechos es el fundamento más sólido y la meta más atractiva para nuestra vida en común.

A veces uno querría irse a una isla desierta y olvidarse de las miserias de la vida política, de las dificultades para saber en qué consiste ser patriota y del trabajo que exige estar a la altura del tiempo que nos toca vivir. Pero resulta que el ser humano no puede vivir al margen de la comunidad política. Uno no puede dejar de ser ciudadano aunque, en no pocas ocasiones, veamos personas que son despojadas de tal condición de hecho o incluso de derecho. Pero gracias a que existe una mayoría anónima y silenciosa que no se abandona a la rabia o al desaliento, y renueva cada día su compromiso cívico, podemos alimentar la esperanza en un futuro colectivo con porvenir».