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Estado de Derecho y filtraciones

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo 26 julio 2009.

Estado de Derecho y filtraciones
Fco. Javier Orduña Moreno. Catedrático de Derecho Civil. Universitar de València.

Todo buen Jurista comprometido con el Estado de Derecho y su proyección en un Ordenamiento Jurídico profundo y sabiamente garantista debe de estar observando, con seria preocupación, los acontecimientos que en los últimos tiempos se están produciendo en determinados medios de comunicación, especialmente relacionados con las filtraciones del caso Gürtel.

Al respecto, el lector debe saber que el secreto del sumario es una medida que adopta el Juez para salvaguardar el buen fin de la instrucción y poder preservar así la verdad procesal, con el objetivo de que en la fase de juicio, posterior a la instrucción, obren en poder del juzgador el mayor número de elementos probatorios y se pueda dictar una sentencia justa, acorde con la valoración conjunta de los medios de prueba practicados en el proceso.

De ahí que el Código Penal, en su artículo 466, tipifique como delito “la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial”, estableciendo penas distintas según que el delito sea cometido por un particular, o por el Juez, Secretario, Ministerio Fiscal, funcionario de la Administración de Justicia, Abogado o Procurador.

En el mencionado caso Gürtel queda claro que se ha cometido dicho delito y que reviste una enorme gravedad, ya que entorpece notoriamente la correcta acción de la Justicia. No menos comprometida es la actuación de los medios de comunicación que reciben esa información, porque lo fían todo a la solvencia del presunto delincuente, ya que no tendrán la certeza de que esas pruebas obren o no en el proceso. Es más, ¿acaso puede valer como elemento para sustentar una información periodística una grabación que un proceso ha sido desestimada y ordenada su destrucción?
En este sentido, no sólo queda en entredicho la falta de ética o deontología profesional al hacer uso de una información obtenida aparentemente mediante la comisión de un delito, sino que se debería analizar la responsabilidad, incluso penal, de los medios de comunicación en la comisión de dicho ilícito como inductores de los mismos, algo que el corporativismo y las praxis de otros medios hacen que difícilmente se materialice. A todo esto, dada la notoriedad de las filtraciones, sorprende la tardanza de la Fiscalía General en el inicio de sus actuaciones.

Lo cierto es que sobre esas pruebas de tan dudosa legalidad, tanto en su obtención como en su contenido, se ha ido hilando una serie de titulares de prensa con el fin de fomentar en la opinión pública un juicio o proceso paralelo, proceso donde se priva a la víctima de todas sus garantías al darse como irrefutables pruebas de dudosísima legalidad, y donde se sacrifica la verdad procesal, pese a gozar de secreto del sumario, en pro de un determinado juicio paralelo.

Del mismo modo, debe saber el lector que el Juez no autoriza la grabación cintas para que se difundan públicamente, sino para comprobar si se ha cometido o no alguna infracción penal o acción punible. Y que sólo al final de la instrucción deberían de hacerse públicas en aquellos aspectos que pudieran afectar al interés general, que es donde se legitima la función social de los medios de comunicación. Pero si al final se demuestra que no se ha cometido infracción alguna se habrá dañado de modo irreparable el honor y la intimidad de las personas, pues dichas cintas jamás tendrían que haberse difundido públicamente.
Esta situación es muy grave, pues, por inverosímil que pueda parecer, cualquier ciudadano puede verse afectado por ella, y nadie soportaría, sin previa defensa, la emisión pública de una grabación privada, sobre todo si se emiten grabaciones cortadas e interesadamente manipuladas, más allá de que nadie debería aprovecharse de un delito. Constituye una acción notoriamente reprobable saber que se ha cometido un delito y que se va a producir un daño irreparable y, pese a ello, colaborar en la configuración de titulares o manifestaciones que claramente prejuzgan la cuestión, además de interferir y de tener como última finalidad la deslegitimación de la verdad judicial a través de un juicio paralelo, previamente planificado y orquestado.

En definitiva, los ciudadanos deben ser conscientes de que el Estado de Derecho y su correlato en la Justicia como valor supremo, no admiten rebajas, ni tan siquiera en época de crisis o en período de campaña electoral, porque la conquista del Estado de Derecho constituye un valor superior en el cual debemos estar seriamente comprometidos todos los ciudadanos, y especialmente los Partidos políticos y los medios de comunicación. ¿Qué piensa al respecto? www.universitasmagazine.com