Artículo de opinión publicado el 4 de dicembre de 2021 en el diario Las Provincias por Alejandro Álvarez Serrano. Abogado

«…defenderé hasta la muerte tu libertad para no vacunarte”. La frase es de quien suscribe, pero tiene su origen, como el lector ya sabrá, en la de Evelyn Beatrice Hall (The friends of Voltaire, publicado en 1906), y atribuida erróneamente al propio Voltaire: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo«.

Con progresivo envalentonamiento van surgiendo en distintos medios declaraciones de gobernantes, periodistas, científicos y miembros de comités, etc.: “que los no vacunados no puedan trabajar, ni entrar en ningún local”; “que se costeen ellos su tratamiento”; para llegar, en definitiva, a que “a los no vacunados hay que obligarles a vacunarse”. Olé. Los vacunamos por la fuerza. Y ya está. Pues qué sencillo y totalitario atropello, ¿no? Pero no nos precipitemos, y vayamos por partes.

Cuando una norma afecta a un aspecto donde puede verse comprometida la conciencia, surgen detractores y partidarios. Si dicha norma fuese aceptada por todos, no tendría sentido objetar. Y si nadie la acepta, queda claro su carácter de injusticia. Pero, cuando coexisten esas dos visiones, es lógico que quienes ven violentada su libertad o su conciencia puedan protegerse y optar por no participar de ese comportamiento que la norma –no importa el tipo: positiva, social, consuetudinaria, etc.- prescriba. Se protege un bien individual y, al mismo tiempo, hay que proteger a la comunidad: en los casos de objeción de conciencia, como coexisten objetores con quienes están a favor de la norma, podrán estos últimos desarrollar lo que la norma exige con vistas al servicio de la comunidad (por ejemplo, ante la venta de la “píldora del día después”, medicamento abortivo, el Tribunal Constitucional permitió a los farmacéuticos en 2015 objetar y no venderla, dado que hay otros que sí que están de acuerdo con dicha venta).

La objeción de conciencia es por tanto un mecanismo de defensa de las minorías. De su libertad de conciencia y libre determinación, precisamente como minoría: “la objeción de conciencia no consiste en tener una opinión divergente, ni en oponerse públicamente a una ley instando su derogación, ni en prohibir aquello con lo que no se está de acuerdo, si no en que no te obliguen a ti a aquello que repugna, por razones éticas o profesionales, a tu conciencia. No es una postura caprichosa ni egoísta, sino que se basa en la responsabilidad (…)” señala Eva Martín, Presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario. Y en todos los casos tratados, también el de la vacunación, el hecho de que una persona o un grupo de personas se oponga no impide ni bloquea aquello que la norma pretende.

Sentados estos argumentos, el lector no podrá evitar pensar en la protección de la comunidad; es decir, los no vacunados son un peligro para la comunidad. Pero lo cierto es que vivir en comunidad implica un peligro/riesgo en sí (y ya lo decía Locke): estamos a expensas de que una persona con SIDA o tuberculosis contagie a otro; o de que un fumador pasivo enferme por el tabaco de otros. Y por ello, e igual que tampoco se obliga a que un fumador empedernido costee su tratamiento en la Seguridad Social, ni al enfermo de cirrosis por sus excesos con la bebida, tampoco parece democráticamente saludable negarles a los que no quieren vacunarse (cerca de un 10%) el tratamiento médico necesario (y, en última instancia, porque ellos lo están costeando con el pago de sus impuestos).

Ojo, que aquí no estamos haciendo una apología contra la vacunación, o una enmienda al muy reconocido y aplaudible trabajo de sanitarios, investigadores y virólogos. Estamos defendiendo que hay una colisión de derechos, y que merece la pena que defendamos el derecho y la libertad de las personas a poder decidir sobre algo tan íntimo como la negación o aceptación a que alguien inocule un cultivo extraño en el propio cuerpo. Si fuese al revés, y no nos dejasen vacunarnos, con la idea de conseguir que la raza humana fuese más fuerte, y que en aplicación de una doctrina darwiniana sobreviviesen los más recios para hacer de la humanidad una raza superior, defenderíamos por lo mismo la libertad del ciudadano para vacunarse.

Desde hace algunos años, acecha y avanza un enemigo antiguo y camaleónico -quizá por ello mucho más peligroso-: el ánimo por parte del “Poder establecido” de no permitir a los súbditos –no nos gusta esta palabra, pero precisamente aceptar ese Poder totalitario nos hace súbditos- que decidan en última instancia sobre los aspectos vitales que les atañen. Lo hemos visto en la antigua obligación de hacer el servicio militar obligatorio, en la posibilidad de decidir no colaborar en la muerte de una persona (llámese eutanasia, aborto…), etc. Ahora, mediante el impedimento de acceso a espacios públicos cerrados sin pasaporte COVID (en varias comunidades autónomas), las restricciones para ocupar puestos de trabajo o el confinamiento de los no vacunados (ya en Europa, aunque todavía no lo tengamos en España), etc., estamos actuando igual que en los peores regímenes.

No caigamos en el error de ser llevados en manada hacia una alianza en bloque contra una minoría que queda arrinconada para que no ejerza su libertad y se someta a los dictados de otros. Hoy son ellos; mañana seremos nosotros. Por todo esto, yo –que estoy vacunado- defenderé la libertad de aquellos que no quieren vacunarse.»