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La deshumanización de las leyes

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 14 junio 2009

Universitas
La deshumanización de las leyes
Adolfo Fuertes Sintas. Magistrado jubilado

Recientemente se han producido dos acontecimientos que pueden contrastarse desde el punto de vista de su repercusión social. Por una parte, la noticia de la llamada gripe A que, aparecida en México, tuvo rápidamente una difusión universal, causando gran alarma; y, de otro lado, la noticia de que el Gobierno español ha confeccionado -para su aprobación por las Cortes- un proyecto de ley en el cual se amplían los casos que permitirían la despenalización del aborto provocado, así como la utilización de un nuevo método anticonceptivo que podría ser utilizado por las mujeres a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus padres; y ello sin incurrir en ninguna sanción legal.

Sorprende la distinta reacción social ante la difusión de una y otra noticia. Mientras la primera, publicada como acontecimiento del máximo rango, acaparó la atención de las publicaciones y el interés del público en general, la segunda, que nos toca más de cerca, ha sido menos difundida y, consecuentemente, menos comentada. No obstante las consecuencias lesivas para la sociedad que pueden derivarse de uno y otro hecho, tal como se están desarrollando, son notoriamente menos graves, al menos por ahora, en el caso de la mencionada epidemia que las que puede alcanzar la aplicación de la ley resultante del proyecto comentado.

Esta diferente valoración y repercusión social puede ser consecuencia de la infiltración en la opinión pública de criterios y sentimientos de deshumanización que de vez en cuando han sido denunciados por relevantes figuras de la cultura. Como botón de muestra cabe citar al pensador español don José Ortega y Gasset quien, en su obra ‘La deshumanización del arte’ llamó la atención sobre la influencia de dicha tendencia en el campo concreto de la producción artística, mostrando su preocupación con frases tan significativas como la que sigue: «Por todas partes salimos a lo mismo: huida de la persona humana»; o esta otra: «Me parece que la nueva sensibilidad está dominada por un asco a lo humano en el arte muy semejante al que siempre ha sentido el hombre selecto ante las figuras de cera». Y conste que Ortega y Gasset era persona a la que no podía tacharse de retrógrada, gozando de prestigio en los ambientes culturales.

Ciertamente ha de reconocerse que en la formación de la opinión pública influyen, en cada caso, factores de distinta índole y con diferente fuerza de seducción (intereses políticos, circunstancias económicas, empatías personales, etc.). Quizás por esta misma razón nos interesa ahora llamar la atención sobre el advenimiento y eficacia que haya podido tener en la fase de gestación de la opinión pública -no los ingredientes clásicos y conocidos- esa emergente y solapada tendencia que hemos calificado de «deshumanizadora» por cuanto propugna y defiende la adopción, incluso en el terreno legislativo, de medidas que conculcan derechos y caracteres humanos fundamentales como del primario y evidente derecho a la vida, así como de otros de no menor importancia como el derecho a la libertad y a la dignidad de la persona.

No debe olvidar el legislador español que toda ley debe ser, por definición, una «ordenación de la razón al bien común» y el texto comentado no se ajusta a las exigencias de la razón ni a las del bien común, sino que pretende satisfacer intereses particulares de determinados grupos. Y es que ninguna persona de buen sentido puede desconocer la existencia y vigencia de una ley natural concebida y adaptada a la naturaleza de cada uno de los seres existentes en el universo y que, por ello, no puede ser derogada ni desconocida por ningún legislador humano sin grave riesgo de alterar la naturaleza de las cosas.

Y de esa ley natural -que ya reconoció expresamente el célebre Montesquieu en su obra ‘Del espíritu de las leyes’- deriva para la persona humana el derecho a la vida desde su concepción hasta completar el ciclo vital de cada sujeto; derecho natural que debe ser respetado por todos, sin incurrir en veleidades legislativas.

Concluyendo, cabe afirmar que el anteproyecto elaborado por el Gobierno español, lejos de significar un avance social, entraña un ataque a derechos individuales universalmente reconocidos y el riesgo de causar perturbaciones sociales difícilmente compatibles con una sincera preocupación por la conservación de la naturaleza y con una acertada política demográfica como debe ser la aspiración de los gobernantes; sin olvidar el grave riesgo que supone atribuir a personas inmaduras la facultad de decidir sobre el derecho a la vida de otros seres que -para mayor dislate- han sido concebidos por ellas mismas. Acaso sean iniciativas como la mencionada las que han contribuido a que comience a hablarse en ambientes culturales europeos de una decadencia que los propios europeos debemos esforzarnos por evitar.