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Menos Estado (del malestar) y más libertad

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 3 febrero 2013.

Menos Estado (del malestar) y más libertad
Por Aniceto Masferrer. Profesor Titular de Historia del Derecho. Universitat de València.

En una interesante entrevista publicada en Las Provincias el pasado 23 de diciembre, se le preguntaba a José Barea si “quedará algo en pie del Estado del Bienestar tras esta crisis”, y su respuesta daba –como es usual en este economista independiente, que goza de una reputación indiscutida– en el clavo: “Tiene que quedar, pero habrá que hacer más ajustes, quitando muchas cosas que en este momento no son prioritarias. Y no hablo sólo del Estado del Bienestar, sino de gastos de la Administración que son mucho menos necesarios”. También Mario Weitz, consultor del Banco Mundial y profesor de Esic, señalaba que la primera condición para salir de la crisis consiste en “reducir el tamaño del Estado, privatizar empresas públicas ineficientes, poner orden en las cuentas de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, o sea acelerar las reformas. No se deben aumentar los impuestos sino gastar menos” (ABC, 6.I.2013). A día de hoy, resulta innegable que la actual situación económica no se ha debido sólo a la burbuja inmobiliaria, sino –según consigna Javier Morillas, Catedrático de Economía Aplicada, Univ. San Pablo-CEU– a “toda una burbuja de gasto improductivo: la burbuja burocrática derivada de la duplicidad administrativa y territorial, la burbuja de medios y exceso de oferta de las radio-televisiones públicas, la burbuja de infraestructuras con inversiones no debidamente ponderadas, la burbuja de dotaciones autonómicas y municipales no sostenibles, entre otras” (ABC, 6.I.2013).

Hace unos pocos meses, el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en su intervención en el Congreso, señalaba que lo que ‘pone en riesgo’ el Estado del bienestar no son las medidas del Gobierno, sino la falta de crecimiento y de empleo. Y añadía que ‘la mayor garantía del Estado del bienestar es el crecimiento económico y el empleo. Si eso no se consigue, lo estaremos poniendo en riesgo’. Lo que no dijo es que varias de las medidas tomadas por los distintos Gobiernos en los últimos treinta años han venido poniendo en riesgo ese crecimiento y empleo del que ahora se carece, porque las medidas generadoras de riqueza y empleo no suelen ser las más populares, y la clase política no está dispuesta, por lo general, a perder unas elecciones a causa del desgaste propiciado por la introducción de unas medidas cuyos efectos positivos tan solo pueden constatarse a medio o largo plazo.

Sobra Estado y falta iniciativa privada. Sobran gobernantes y faltan ciudadanos que piensen, innoven, produzcan y creen riqueza, llevando a cabo iniciativas emprendedoras que generen trabajo, devuelvan a la sociedad civil el protagonismo que le corresponde y reduzcan notablemente el papel de los políticos. De lo contrario, este país carece de viabilidad.
He de reconocer que en pocos años he pasado de una cierta –quizá, ingenua– confianza hacia el Estado y el Gobierno, a una notable animadversión hacia un modelo de poder político que, creciendo de una forma progresiva y desmesurada, termina por constreñir la libertad de una sociedad civil inerte y sin resortes para forjar su propio futuro y prosperidad. Hace años que leo y oigo hablar de una crisis económica y social cuya raíz –por lo menos, en parte– y solución clave consiste, a mi modo de ver, en disminuir la pesada maquinaria de un Estado y Administración pública que, legitimada por su función garantista de los derechos sociales, ha irrumpido en la esfera de lo privado, conculcando aquella libertad individual que constituyó una de las principales conquistas del Estado liberal surgido en el siglo XIX.

Mientras el liberalismo decimonónico enarboló una noción de libertad carente de un mínimo sentido de la igualdad real (que no formal), el siglo pasado fue testigo de la progresiva introducción de unos derechos sociales que, a fin de poderse garantizar a todos (con independencia del propio ejercicio de la libertad individual), fueron incorporados a un Estado Social y de Derecho. Ese Estado garante y dadivoso se ha convertido, con el tiempo, en un gigante que no sólo resulta económicamente insostenible, sino que ha ocupado el espacio que debiera corresponder a la sociedad civil. Una sociedad civil que, (mal)acostumbrada a que sea el papá Estado quien conceda y garantice el bienestar (‘Estado del bienestar’) del que ha venido gozando (en buena medida, de forma inmerecida), no sólo es incapaz de sentirse dueño de su propio porvenir, sino que ha renunciado a cualquier reto cuya consecución le correspondería y está a su alcance, mostrándose además absolutamente insensible frente a cualquier atropello contra su libertad individual en que pueda incurrir el propio Estado. Si es el Estado, piensan no pocos, quien concede a los individuos los derechos, las prestaciones, la educación, la sanidad, las pensiones, las becas, y tantas otras dádivas y oportunidades, qué menos que dejar que sea éste quien decida el contenido de esos derechos, de esas prestaciones, de esa educación, de lo que cabe ser entendido como saludable o no, etc.

Como puede observarse, el resultado de ese proceso es nefasto y letal para la propia sociedad civil, que ha renunciado a vivir en libertad, conformándose con el bienestar (actualmente, malestar) que le confiere un Gobierno cuya desmesurada envergadura no sólo le hace insostenible a medio y largo plazo, sino que dificulta el resurgimiento de una sociedad que yace agotada y sin fuerzas. Y aquellos individuos que todavía gozan de un espíritu emprendedor constatan que aquel poder público que teóricamente debería apoyar iniciativas como las suyas, se convierte en principal obstáculo debido a unas exigencias y complejas reglamentaciones (además de los correspondientes impuestos) que gravan y merman notablemente la iniciativa privada. Si no, pregúntenle al que quiere crear una pequeña empresa, o al que se esfuerza todos los días por no tener que cerrarla. Pregúntenle al denostado profesor universitario que, además de impartir la docencia y dedicarse a la gestión, necesita disponer de tiempo para investigar, publicar y asistir a los foros y congresos internacionales donde se intercambian los avances científicos. Pregúntenle al grupo de padres y madres que quieren crear un colegio –de educación diferenciada o no– para sus hijos. Pregúntenle a la madre (o padre) de familia que experimenta serias dificultades por conciliar su vida profesional y familiar. Pregúntenles a quienes…

Cada vez siento mayor aversión hacia ese Estado Social y de Derecho que, legitimado por un supuesto –y falaz– principio de soberanía popular, y presentándose como ‘garante’ de los derechos del ciudadano, va conquistando parcelas que corresponden a la esfera de la libertad individual. In medio virtus, afirmaba Aristóteles. Tan perverso resulta un sistema político liberal que enarbole e imponga una libertad desprovista de un sentido mínimo de la justicia y equidad, como el de un Estado Social que, promoviendo una igualdad exacerbada y prometiendo al ciudadano un supuesto ‘Estado de bienestar’ (que, así concebido, no es viable ni duradero), interfiera en la esfera de la libertad individual, dificultando la iniciativa privada y el libre desarrollo de la personalidad en ámbitos tan propios del individuo como el pensamiento, la vida, el comercio, la familia y la educación.