Artículo de opinión publicado el 14 de julio en el diario Las Provincias por Vicente Escrivá. Abogado. Doctor en Historia.

«Fue el aristócrata, político e ilustrado francés, el marqués de Tracy, fue quien acuñó el término «ideología», entendida como el conocimiento de la formación de las ideas. Nuestro DRAE recoge una acepción más: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. Es difícil, sin duda, establecer un sentido preciso del término, debido a su polisemia. Como punto de partida, me parece acertada la descripción que formuló Raymond Aron: “interpretación sistemática de la sociedad y de la historia que es considerada por sus seguidores como la verdad suprema”. Ya el sociólogo norteamericano Daniel Bell publicó en 1964, El fin de las ideologías y unas décadas más tarde junto con Francis Fukuyama y Jean François Revel, fruto de un ciclo de conferencias y debates, ¿Ideologías sin futuro?, ¿futuro sin ideologías? (1991). Ambas obras tuvieron un amplio eco originando interesantes discusiones. A su juicio, la democracia liberal y la economía de mercado habían triunfado definitivamente sobre las ideologías decimonónicas y, concretamente, sobre el marxismo. Conservadurismo y socialismo habían llegado a un consenso, alejado de extremismos, cuyos frutos más significativos eran el Estado de bienestar y la descentralización política. La Transición española sería una muestra de ello.

Hoy asistimos a un fenómeno curioso: la izquierda en general –y cuánto más extrema es, más se constata el hecho-, se ha apropiado del término de forma exclusiva y excluyente. Aquella definición de ideología, ha adquirido en nuestros días un cierto carácter peyorativo cuando aquel compendio de ideas o pensamientos son de origen conservador. Se habla entonces de fascismo o populismo. Por el contrario, solo la ideología de izquierdas, se presenta como sinónima de modernidad, democrática, defensora y hacedora de derechos y libertades fundamentales, la única legitimada para representar a todos los ciudadanos. En política parte del apriorismo que se traduce en definir un marco jurídico al margen de las circunstancias concretas. En base a una presunta demanda social se legisla con el fin de satisfacer una necesidad, aparentemente urgente e ineludible, que la ciudadanía reclama. El marxismo y su vástago, el socialismo, siempre han presumido de saber lo que le conviene al pueblo, despreciando las opiniones disidentes.

Esa ideología de izquierda ha monopolizado como rasgo de identidad propia una serie de ideales –la justicia, la libertad, la igualdad-, sobre los que se siente la única y legítima poseedora. Recientemente, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras iniciar una ronda de conversaciones con otras formaciones políticas afirmaba el pasado 7 de mayo que su programa de Gobierno se sustentaría en “luchar contra la desigualdad, favorecer la justicia social, modernizar la economía y consolidar las cuentas fiscales”. Piense el lector, si tales principios no serían respaldados por el 99% de los españoles (dejemos el 1% restante para esa minoría siempre insatisfecha, irritada y enemistada con el mundo), desde las monjas de un convento carmelitano hasta el más bizarro militante sindical. En cierta manera recuerda lo expresado por nuestra primera Constitución liberal, la de 1812 que en su artículo 13 establecía: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación…”. Laudable propósito. El Sr. Sánchez podría incluirse entre aquéllos que el pensador británico Roger Scruton llamaba “optimistas sin escrúpulos”: aferrados a la mitología del progreso sueñan con mejorar la suerte de la Humanidad mediante reformas abstractas, con un claro acento redentor. Estos anhelos utópicos acaban con frecuencia adquiriendo rasgos totalitarios. Inmediatamente me viene a la memoria aquella afirmación de Karl Popper: “Aquello que nos promete el paraíso en la tierra nunca produjo nada, sino un infierno”.

La ideología de la izquierda actual se articula como una «religión secular», con su propia moral y su dogmatismo laico. Como ya señaló Marcuse en su célebre obra La tolerancia represiva, la intolerancia frente a las ideas conservadoras, aunque sean éstas razonadas y respetuosas con la libertad humana, se ve como algo bueno “si sirve para impulsar una cierta idea de liberación social”. De ahí que la ideología progresista imperante se caracteriza por un alto componente de emotividad, tendente a dramatizar cualquier idea que contradiga su hoja de ruta, presentándose como víctima cuando sus convicciones son cuestionadas por ese conservadurismo casposo y trasnochado que a su entender es el único existente. Simplifican sus propuestas políticas en base a meras antinomias –lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo democrático y lo faccioso, el progreso y la reacción-, con el claro fin de alcanzar el poder que, piensan, legítimamente les corresponde. Las ideas que proponen no son razonadas, ni falta que hace; son afirmadas y vividas. Adquieren la condición de dogmáticas. Ese es el origen, junto con su marcado carácter identitario, de su incapacidad para establecer pactos con formaciones políticas de corte conservador en cuestiones relevantes para el conjunto de la nación (educación, política migratoria, cuestión territorial, fomento de la natalidad o sistema de pensiones). Entre la derecha y la izquierda hay un campo de minas que no se puede atravesar.

Frente a este modo de pensar y de actuar es perentorio y necesario articular una alternativa. A ello dedicaremos un próximo artículo. Baste adelantar aquí que al pensamiento conservador le interesa recuperar un discurso más propositivo que reactivo. No se trata de agitar sentimientos y emociones basadas en el miedo, el enfado o el hartazgo, sino más bien en recuperar la ilusión por sus propios valores y volver a relanzarlos al foro político de forma atrayente y persuasiva. Hacer entender, en contra de la corrección política imperante, que cuestiones tan vitales como son la familia, la libertad religiosa o la educación, deben resolverse en un marco de colaboración y no de polarización o confrontación. Que no siempre el fin justifica los medios, que la mejor defensa es una buena ofensa o que no todo cambio tiene que ser necesariamente un factor de progreso, sino es guiado por la prudencia y la ética. Porque como escribiera Gómez Dávila en uno de sus agudos escolios: “El odio al pasado es síntoma inequívoco de una sociedad que se aplebeya”.»