Artículo de opinión publicado en Las Provincias por Alfonso Ballesteros Soriano. Profesor Ayudante doctor de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández.

«Se presentan siete argumentos contra la educación concertada y una respuesta para cada uno.

1. Se segrega entre ricos y pobres: los ricos acuden a la concertada y los pobres a la escuela pública. Si esta afirmación fuera correcta, uno de cada cuatro españoles sería rico. Naturalmente, los alumnos de centros públicos poseen menos ingresos que los de la escuela concertada, que suele requerir pagos que varían mucho entre los distintos centros. Lo que ayudaría a disminuir dicha segregación es garantizar que los pobres puedan elegir centro igual que los ricos, ¿Cómo? Reforzando los ingresos de los centros concertados. De otro modo, se aboca a los pobres, de facto, a la enseñanza pública y se afianza dicha segregación que se denuncia.
2. Se segrega por sexos (en algunos casos) y esto fomenta estereotipos machistas. Este argumento podría tener peso, por ejemplo, si el nivel académico en los colegios femeninos fuera significativamente inferior a los masculinos. No es así. Según la lista Forbes 2021 de los mejores colegios españoles, el mejor posicionado entre los que separan por sexos es un colegio femenino. Con razón el Tribunal Constitucional avaló hace unos años la constitucionalidad de financiar este tipo de colegios.
3. En otros países europeos apenas hay educación concertada. Este argumento parte de la premisa de que, en Europa, las cosas se hacen mejor que en España, algo que requiere justificación. A esto habría que puntualizar qué educación pública tienen en otros países cuando se compara entre escuelas españolas y europeas. En Italia, por ejemplo, está permitido colgar crucifijos en las escuelas públicas, algo que dista completamente del modelo español.
4. El Estado laico no debe financiar las escuelas católicas. Las escuelas católicas representan el 60% de las concertadas en España. Por tanto, este argumento contra la concertada no puede ser definitivo: hay otras muchas concertadas con un ideario no católico, agnóstico o de otra religión. Por otro lado, solo un laicismo hostil a la religión y al legítimo pluralismo de la sociedad puede tener recelo a financiar escuelas concertadas católicas. Este tipo de laicismo no parte de la neutralidad del Estado (que financia igual a concertadas católicas y acatólicas), sino de la hostilidad a la religión.
5. El Estado debe ser el único agente que controle la educación. Los padres, o las asociaciones de padres, o los colegios, tienen que decir lo menos posible sobre este tema. Esto debería de inquietar a cualquier persona que crea que todavía es posible una democracia liberal en España, lleve a sus hijos al colegio que los lleve. ¿No forma parte de la vida de la sociedad civil la fundación de colegios? Ver la educación privada como simple manifestación mercantil o de poder eclesiástico es un reduccionismo difícil de admitir.
6. El coste de la escuela concertada repercute negativamente en la pública. Por ello, debe aportarse íntegramente ese dinero a la escuela pública. Es sabido que la escuela concertada sale más barata que la pública, lo que supone un ahorro considerable a las arcas del Estado. Considerar que la inversión en educación pública es poca no tiene por qué ser un argumento contra la concertada que, precisamente, permite contar con más dinero para la pública. Las mejoras en la escuela pública redundan en el bien de toda la sociedad, igual que lo hacen las mejoras de la concertada.
7. Los contenidos deben ser iguales para todos en centros públicos o concertados. Esta idea no se opone a la existencia de la concertada, pero sí a la supervivencia del ideario del centro y, por tanto, a un elemento esencial. No cabe duda de que las instituciones políticas deben ocuparse de que haya unos contenidos mínimos para todos los centros. Por ejemplo, es razonable que se inculque el deber de cumplir los deberes que los menores tendrán como ciudadanos. Ahora bien, la visión del gobierno es fundamentalista cuando impone por decreto su singular visión del mundo. El gobierno parte de que ha encontrado una verdad de carácter absoluto (algo loable), que debe ser impuesta a toda costa a los otros, incluidos los hijos de los demás (algo completamente inaceptable). Por ejemplo, el Real Decreto de la Generalitat Valenciana de 2022, por el que se establecen la ordenación y las “enseñanzas mínimas” (119 páginas) de la Educación Primaria, prevé la educación afectivo sexual. Es decir, sexualiza a los niños de entre 6 y 12 años y les hace dudar de su condición femenina o masculina. Los contenidos mínimos deben ser realmente mínimos y dejar el resto a la decisión de los centros y de los padres.

Concluyo. Con sus imperfecciones, el sistema de conciertos es mucho mejor que un sistema educativo exclusivamente público (sobre todo, si este está en manos de fundamentalistas). Hay que estar abierto a alternativas a la concertada que respeten la libertad de las familias (como el cheque escolar), pero no a aquellas que se inclinan al despotismo. Tenemos que protestar ante estos abusos contra la libertad de asociación y el derecho de los padres de educar a sus hijos como les parezca con apoyo de las instituciones. Si no viviéramos en un Estado social el apoyo institucional a los colegios, quizá no estaría justificado. Sin embargo, en España es un deber, no una concesión graciosa de los poderes públicos. Un deber más fuerte si se piensa en los cuantiosos impuestos que la clase media —¡y los pobres!— pagamos en España.»