Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 25 julio 2010.

El beso del portero y la reportera
Por José Sarrión Gualda. Catedrático de Historia del Derecho. Universitat Jaume I.

El reciente campeonato mundial de fútbol se ha cerrado y sellado con el beso más espectacular de la historia, no por su ejecución, más bien recatada y contenida, sino porque ha sido presenciado por gran parte de los aldeanos globales. El trabajo informativo de la reportera, junto a la portería del rectángulo de juego se temía que pusiese en peligro la concentración del guardapuerta en su misión de despejar o parar todos los balones que amenazasen su portería. Si el equipo español perdía dos partidos se truncaba la posibilidad de que nuestros muchachos siguiesen adelante haciendo un saludable ejercicio físico en competición con las selecciones de otros países.

El primer encuentro significó la representación del primer acto de una tragedia nacional, pero en los siguientes mejoró la actuación de nuestro equipo. Se ganaron los sucesivos partidos, contando con un portero siempre atento y concentrado, que resolvió con acierto todos los lances y sobresaltos, a que nos sometían los equipos extranjeros. El beso del portero a Sara (todos ya la conocemos) confirmó y selló la actuación acertada del futbolista y de la periodista, porque la función del beso, a lo largo de la historia, ha consistido fundamentalmente en confirmar y sellar un sentimiento de amor, un acto, un compromiso, un pacto o acuerdo de paz.

Confirmación del amor, con carga jurídica, representaba el beso entre los esposos (así llamados antiguamente los prometidos) en la Bética hispana y que fue recogido y expandido por el Derecho romano por todo el Imperio. Si uno de los esposos fallecía y había mediado el beso, el sobreviviente conservaba la mitad de los bienes y regalos, donados por la obra parte. Esta solución jurídica, con ciertas variantes fue incorporada a los textos visigodos y españoles. Incluso en la Edad Media en una fazaña (sentencia del Rey o un alto juez) se cuenta que una burgalesa, pudorosa u orgullosa, prefirió devolver todos los regales recibidos de su prometido, cuando el compromiso se rompió, con tal de no reconocer o dar a entender que había sido besada.

El beso (ósculo) está presente en la relaciones feudo-vasalláticas en Europa. El beso confirma y sella, junto con otras ceremonias y símbolos, el sometimiento del vasallo al señor, pero estableciendo una fidelidad mutua. En el feudalismo castellano, el beso en la cara, se sustituye por el besamanos del vasallo al señor. De esta parte del ceremonial feudal ha llegado hasta la actualidad una huella de significación de respeto. Acudía la chiquillería a besar la mano del párroco, cuando lo encontraba en la calle. Se inclinan todavía algunos caballeros, en ademán de besar la mano que les tiende una señora.

En ocasiones, un beso ponía fin al desamor y malquerencia. En una ley de las Partidas, el texto legal más importante de Castilla, el Rey Sabio establece que si dos se quieren mal por razón de algún delito; y sucediere que “se acuerden para haber su amor deconsuno. conviene que se perdonen y que se besen. porque el beso es señal que quita la enemistad del corazón” (un beso de paz).

Hemos dejado para el final los besos carentes de valor o negativos. Hay besos vanos, pórtico de una relación sexual esporádica o pagada, sin el ligamiento del amor. Hay besos inmorales, por adúlteros, que confirman y sellan un engaño. Hubo un beso único e irrepetible, el de Judas a Cristo, que señaló una traición. Hay besos que sellan un silencio en organizaciones secretas. Han existido besos robados a la mujer, que se han castigado como injurias.

En un Derecho penal antiguo de Francia, había besos impuestos como castigo o pena: el que robaba un perro de caza era condenado a dar tres vueltas a la plaza pública con el perro, al que tenía que besar el trasero, parte corporal a la que los prisioneros eran obligados a besar a los vencedores, durante las guerras civiles en la Edad Media.

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 18 julio 2010.

Habemus statutum
Por José Sarrión Gualda. Catedrático de Historia del Derecho. Universitat Jaume I.

El estatuto del que se trata no puede ser otro que el de autonomía de Cataluña aprobado en el año 2006 y objeto de reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Quien escribe estas líneas es consciente de que, abordando los asuntos de Cataluña, incluso los de carácter estrictamente político, con el discurso y la razón, puede ser motejado de anticatalán por nacionalistas apasionados. No debería ser necesario alegar títulos y méritos para justificar una actitud de imparcialidad y tratar de evitar la descalificación de catalanofobia. Gran parte de mi carrera funcionarial y académica la he desarrollado en Cataluña, donde no sólo he publicado en catalán sino también he defendido esta lengua. Hay otras, pero basta ya de credenciales y vayamos al asunto que nos ocupa.

Hemos estado casi cuatro años pendiente de que la fumata del redondo edificio- “chimenea”, sede del Tribunal Constitucional, nos anunciase la decisión y sentencia de tan alto órgano jurisdiccional sobre los recursos interpuestos por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo, entre otros, contra el Estatuto de Cataluña, aprobado primeramente por el Parlamento de esta Comunidad y después por las Cortes españolas que insuflaron vida a una criatura que no debía ser viable en modo alguno.

Más de cuatro años, en que circularon borradores y proyectos de Estatutos de Autonomía, a todas luces, inconstitucionales. Creo recordar que un informe del Consell Consultiu de la Generalitat encontró más de una veintena de artículos del borrador o proyecto que no encajaban ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución. Y no debería ser necesaria la opinión de tal órgano consultivo, presidido por un ilustre catedrático de Derecho Administrativo. Entréguese a un ciudadano, poco experto en Derecho, el texto de la Constitución y el del Estatuto y comprobará como éste no encaja en el primero. Expresión ésta no muy propia de la dogmática jurídica, pero creo que es muy gráfica y exacta.

Ahora no voy a entrar a enumerar los argumentos que se han esgrimido contra la inconstitucionalidad del citado Estatuto, como la quiebra de la estructura unitaria del Estado nacional y una reforma fraudulenta de la Constitución por vía estatutaria que puede conducir hacia un deslizamiento confederal de nuestro Estado. Ahora señalamos sólo las actitudes y responsabilidades de tan desaguisada reforma y no entramos a considerar los efectos perniciosos de la misma para nuestra convivencia.

El “embrollo” en el que ha metido al Estado el Estatuto catalán tiene un responsable máximo, que lo bendijo antes de que el Parlamento de Cataluña lo concibiera. Después fue aprobado por las Cortes con ligeros retoques que no desnaturalizaban un proyecto por entero nacionalista. Entró a continuación en escena el Tribunal Constitucional (TC), que ha estado casi cuatro años, con tijera en mano, para decidir por dónde recortar el texto, y tratando de componer y pactar una sentencia entre sus miembros. El pueblo español asistía asombrado a la calificación que hacía la prensa de magistrados conservadores o progresistas, intuyendo el voto de cada uno, al considerarlos comisarios de los partidos políticos que los habían propuesto.

Cuatro años durante los cuales los partidos nacionalistas catalanes han estado descalificando y amenazando al TC, si había recorte del Estatuto. Por su parte el gobierno catalán del tripartito no se ha guardado de criticarlo y su presidente, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, convoca y preside una manifestación contra otro órgano del Estado. Al mismo tiempo ha ido aprobando leyes en desarrollo de un Estatuto impugnado. Cuatro años durante los cuales el TC ha tratado de componer una sentencia que, al final, ha resultado ser desaguisada; cuatro años de amenazas mientras que, por otra parte, el gobierno tripartito desarrollaba el Estatuto impugnado, para complicar más la situación. Cuatro años esperando, bastante desesperanzados una sentencia del TC ajustada a la Constitución y ¡Por fin, fumata!… negra para España.

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 4 julio 2010.

5 de julio de 2010: día tristísimo
Por Aniceto Masferrer. Profesor Titular de Historia del Derecho. Universitat de València.

El día 5 de julio será, a mi juicio, el día más triste de la historia de este país. Si el 4 constituye para EEUU -desde 1776- un día de júbilo al rememorarse el logro de su independencia o libertad política, el 5 marcará a España con el recuerdo de un hecho aberrante: la entrada en vigor de una ley que otorga a la mujer plena capacidad -hasta las primeras catorce semanas- para terminar con la vida humana que lleva en su seno. Tan sólo una pronta suspensión cautelar de la ley y un posterior pronunciamiento de su inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, podrían impedir que esta deplorable legislación se erigiera en el episodio histórico más negro y vergonzoso de la tradición jurídica española.

Para algunos la vigencia de esta ley supondrá un acontecimiento “planetario” loable, una reseñable conquista del progresismo y de los derechos de la mujer. Habría que ver qué entienden por progreso, pues la regulación que entrará en vigor ya tuvo vigencia en nuestra tradición jurídica occidental hace veinte siglos y fue objeto de una progresiva reforma hasta su total abolición en el Derecho romano del Bajo Imperio (siglo IV), protegiéndose desde entonces la vida del nasciturus hasta nuestros días (en el caso de España, hasta la reforma de 1985). La pérdida que se derivará de la entrada en vigor de esta ley será irreparable, sus consecuencias serán funestas, y sus efectos resultarán más corrosivos que los que hayan podido seguirse del episodio más lamentable de la historia de este país sobre el que uno pueda pensar o -siquiera- imaginar.

Quien haya seguido mínimamente el proceso de redacción y promulgación de esta ley ha podido constatar que los argumentos manejados por la clase política son superficiales y frívolos, cuando no inexistentes. Recuerdo el día en que a Rodríguez Zapatero, entrevistado en un programa de televisión, se le preguntó qué sentido tenía promulgar una ley sobre la que no existía consenso alguno, que había provocado una de las manifestaciones más numerosas desde la transición y que parecía dividir a la propia sociedad española. Quedé perplejo ante su respuesta: “lo único que se pretende es que ninguna mujer pueda ir a la prisión por haber cometido un aborto”. Creo que no era posible dar una respuesta más superficial, falsa y demagógica. ¡Si por lo menos hubiera dado su punto de vista! (pues lo tiene, de esto no me cabe la menor duda).
Esta ley supone el triunfo del principio de la autonomía de la voluntad, pero de una voluntad cuya autonomía no conoce más límites que los impuestos por la ley, pudiéndose -como en este caso- negar los derechos de las demás personas: uno puede hacer todo lo que quiera mientras la ley no lo prohíba. Y la ley puede ser muy laxa en algunos ámbitos (como en el que nos ocupa) y muy estricta en otros (medidas de seguridad vial, lucha contra el tabaco, etc.). Al entenderse que la fuente de la bondad moral de los actos proviene del mismo ejercicio de la autonomía de la voluntad, la elección de la mujer -y no el derecho a la vida- se ha convertido en un valor “sagrado” sobre el que no cabe inmiscuirse, incurriéndose de lo contrario en un atentado a la intimidad y a la libertad inadmisible e intolerable. Se ha olvidado por completo que ahí entra en juego otra persona, un ser indefenso que el Derecho ha venido protegiendo durante dos mil años. Querer es poder. La voluntad (o el capricho), si viene amparada por la ley, no tiene ya límites. Todo vale siempre que la ley lo permita. Hace falta ser muy ingenuo o estar muy ofuscado para no percatarse de que esto es insostenible, y de que, si no se rectifica, muy pronto las consecuencias de esta legislación van a pasar factura a la sociedad entera. No pienso votar jamás a un partido político en cuyo programa de gobierno no figure expresamente la reforma de esta ley que, a mi juicio, es tanto o más aberrante que la legislación eugenésica de la Alemania nacionalsocialista. Es cierto que el miedo infligido por todo el aparato gubernamental nazi sobre la sociedad alemana dificultó a no pocos un correcto discernimiento sobre la inmoralidad de lo se estaba llevando a cabo. Pero no es menos cierto que actualmente en nuestro país no son pocos quienes no se atreven a decir lo que piensan a este respecto por miedo a las consecuencias que de ello podrían derivarse. Es la dictadura de lo políticamente correcto: es más fácil afirmar que cada uno haga lo que quiera, que defender la conveniencia de que el Derecho exija una conducta responsable, amparando y protegiendo tanto a la madre como al nasciturus que lleva en su seno.

No me cabe la menor duda de que la historia juzgará y condenará con severidad la actual sociedad si ésta no reacciona y se opone con prontitud y energía a esta legislación degradante e inhumana. No cabe pensar que esto ha sido obra de la clase política y a ella concierne, por tanto, su rectificación: si se ha promulgado esta ley es porque la propia sociedad lo ha permitido con la complicidad de su silencio e inhibición. Aquí, la omisión supone asentimiento tácito. Y ya en vigor, la degradación de la moral social que se derivará de su aplicación será inmediata y devastadora. Con esta ley, los derechos se identifican con una autonomía de la voluntad que no es capaz de trascender los propios deseos, llegándose al punto amparar la satisfacción del propio capricho a costa de sacrificar vidas inocentes e inermes. Esto es lo que, de hecho, ya estaba sucediendo con la reforma legal de despenalización de algunos supuestos de aborto promulgada en 1985, cuya aplicación fue muy relativa y flexible, de suerte que jamás una mujer fue encarcelada por haber abortado en un caso no despenalizado. Por lo demás, los abortos se han venido practicando a millones, y muchos de ellos por menores. Si no, que le pregunten a cualquier farmacéutico a quién ha venido vendiendo píldoras abortivas los fines de semana en los últimos años.

Con esta ley no se pretende evitar que las mujeres vayan a la cárcel, sino presentar como bueno y protegible legalmente lo que ya fue rechazado en el siglo IV y ha venido siendo considerado aberrante desde entonces hasta nuestros días. En tan sólo 25 años (1985-2010) este país ha dado la vuelta a una tradición jurídica milenaria, dejando a la mujer en la más absoluta soledad y desamparo, y al nasciturus completamente desprotegido. La historia es cíclica, pero conviene cerrar cuanto antes el ciclo que hoy se inicia con la entrada en vigor de esta desgraciada ley. De lo contrario, las futuras generaciones nos verán con los mismos ojos con los que nosotros observamos el derecho que gozaba el padre de familia romano sobre la vida y la muerte de sus súbditos, o el del ciudadano libre sobre sus esclavos. También a ellos les amparaba una ley que les permitía el ejercicio de una libertad (o autonomía de la voluntad) despótico e irrespetuoso con los derechos de los demás. Y algunos probablemente también pensarían que se trataba de una medida progresista. Pero no lo era. Estas leyes jamás han sido -ni podrán ser- un progreso, sino una involución degradante e inhumana, y su promulgación en la actualidad es más lamentable que hace dos mil años.

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 13 junio 2010.

Caso Camps y juicios paralelos
Por Javier Plaza Penadés. Catedrático de Derecho Civil. Univeristat de València.

No es cometido de este artículo entrar en los detalles de un caso sub iúdice, el del presunto cohecho impropio del Molt Honorable Presidente D. Francisco Camps, ya que, de hecho, se desconoce el devenir procesal que puede tomar el caso y si las imputaciones tendrán un carga probatoria y argumental mayor, pero hasta ahora, más allá de que sea cohecho propio o impropio, lo que no tiene mucha lógica, en mi opinión y desde el más elemental sentido común, es pensar que un funcionario o cargo público, y mucho menos un Presidente de Comunidad Autónoma, ha lesionado, directa o indirectamente, el bien jurídico protegido del cohecho que es, tal y como señala el Auto del Supremo que devuelve las actuaciones al TSJ de la Comunidad Valenciana, “garantizar la imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en el ejercicio de su función” por el hecho de recibir dicho hipotético regalo.

Pero lo que realmente me preocupa y nos ocupa en este artículo es el tema de los otros casos judiciales o juicios paralelos que han surgido del caso Camps. Los hechos nos invitan a pensar que este caso se prepara el famoso día de la caza mayor y sin licencia que le cuesta la dimisión al Ministro Bermejo, donde también estaban policías afines al Ministro de Interior y el propio Juez Garzón, que es quien inicia la investigación judicial con la duda de si las dos representantes del Ministerio Fiscal buscaron el momento oportuno para que Garzón se quedase con el caso, cuestión ésta que está ahora sub iúdice y que debe resolver el Tribunal Supremo.
Paralelamente se inicia el caso en su vertiente política y mediática, sobre la base de una serie de filtraciones debidamente seleccionadas y escogidas, y sustentado en otro delito, el previsto en el artículo 466 del Código Penal, este no presunto sino real (aunque no se conozca ni se vaya a conocer nunca la autoría) como es el de las revelaciones de datos de un sumario que estaba bajo secreto.

Al mismo tiempo, hemos sabido que el Juez Garzón autorizó la grabación en prisión de conversaciones entre quien presuntamente podía saber del pago a Camps de lo trajes y su abogado, algo que el Ordenamiento Jurídico español sólo permite en casos de terrorismo. Éste es, a mi entender, un hecho gravísimo, pero no por si existe o no un posible delito de prevaricación, cuestión que en estos momentos está también sub iúdice en otro juicio paralelo, sino porque tal actuación supone un ataque al noble ejercicio de la profesión de la Abogacía, que requiere de espacios de intimidad para que el abogado pueda conocer toda la verdad y poder desempeñar así la mejor defensa técnica. Lo curioso es que el Juez Garzón justificó su acción en el legítimo deseo de conocer “la Verdad”, pero la verdad que se grabó, “que el Presidente Camps se había pagado sus trajes”, fue curiosa e injustificadamente excluida del sumario que se envió a Valencia, hecho gravísimo porque lesiona el más elemental derecho a un juicio justo sobre la base de una instrucción imparcial, máxime si se piensa que el Juez Garzón y la Fiscalía sabían que eran otros jueces y magistrados los que iban a continuar la instrucción y a dictar resoluciones judiciales sin tener conocimiento de la existencia y contenido de dichas grabaciones.

Finalmente, creo que en este caso no se está aplicando el principio constitucional básico de “presunción de inocencia”, que no sólo implica que alguien sea inocente mientras no se demuestre lo contrario, sino también que la carga de la prueba incumbe a la parte acusatoria. O dicho con otras palabras, no es Camps quien tiene que demostrar que él se pagó sus trajes, sino que es la parte acusatoria la que debe demostrar quién y cómo los pagó, y a falta de prueba indubitada debe entenderse que el Presidente Camps dice la verdad sobre el pago de sus trajes, hecho que, de momento, viene avalado por la confesión grabada en la intimidad de la cárcel en la que el presunto imputado de la trama Gürtel confiesa a su abogado lo mismo que Camps sostiene.

Todo ello induce a pensar, con las debidas cautelas, que estamos más bien ante un proceso de naturaleza exclusivamente política, ya que está asentado en unos datos que han sido manipulados en origen y que han sido obtenidos vulnerando garantías procesales. Además han sido utilizados por algunos medios de comunicación con un cierto ensañamiento mediático, con el aparente propósito de erosionar políticamente la figura del Presidente de una Comunidad Autónoma y propiciar otros juicios paralelos, los que la gente ya se ha formado y donde la verdad y la razón encuentran en la mayoría de las ocasiones difícil acceso.

En definitiva, estamos ante la disyuntiva de saber si todo esto obedece a parámetros exclusivamente judiciales o simplemente a intereses políticos. En cualquier caso, no me cabe duda de que el ciudadano sabrá valorar todo convenientemente.

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 30 mayo 2010.

Zapatero o el enigma del poder
Por Juan Alfredo Obarrio Moreno. Profesor Titular de Derecho Romano. Universitat de València.

La afirmación de Octavio Paz al hablar de Fernando Pessoa: “los poetas no tienen biografía. Su obra es su biografía” es recurrente a la de un político, y, en particular, a la de un presidente del desgobierno, cuyas acciones y movimientos nos dejan ante una personalidad que se evade a los análisis más sutiles, que se diluye cuanto más nos acercamos a ella, como si detrás de su fingida filantropía no hubiera enigma alguno: sólo un vacío adepto al disfraz.

Quizá porque entiende que su política trasciende a todo entendimiento –y seguro que no le falta razón-, su ideario es, en esencia, maniqueo, no admite matices ni estados intermedios: o se pasa del histórico “Otan, de entrada NO” a “Por el pleno empleo” sin acordarse que el eslogan que llevó a Carter a la presidencia fue “Yo nunca os mentiré”, y con la mentira vino su declive, porque cuando los hechos hablan con voz propia, la máscara ya no esconde el rostro, sino que lo revela, hasta descubrir que su impericia e incapacidad suceden a la inteligencia, y sus pasiones -escritas con regla y cartabón- a las razones de Estado, y cuando éstas declinan, cuando el político carece del coraje de convertir la verdad de los hechos en objeto de atención, de compromiso y de solución, lo único que le queda es soñar que la precaria realidad del mundo es una mera ilusión óptica, un intervalo pasajero en la búsqueda de una sociedad que ya sólo puede ser vista a través de unas palabras –las suyas- que nos llegan tan envejecidas como los restos de un naufragio: el del Estado de bienestar, tan ficticio y liviano como su pensamiento.

Desconozco si el presidente hará suya la afirmación de Sófocles en torno a su rey Edipo: “de todos los sufrimientos, los más dolorosos son aquellos de los que se es autor”, o la más cercana: “España no merece un presidente que miente”, pero me temo que dado su afán juvenil, su incapacidad por renunciar a los dogmas de la vieja ortodoxia y a su entusiasmo por la razón ilustrada, acabará, una vez más, por desoír sus dictados, achacando los males a las escasas voces públicas que se niegan a someterse a esa trágica misión de invertir los valores en los que se ha crecido, llamará antipatriotas a quienes le recuerden el drama en el que viven más de cuatro millones de parados o mirará con recelo a quien no aplauda con furibundo entusiasmo los brotes verdes de su política económica, la misma que iba a ser la envidia de Francia e Italia, de la “fracasada” Angela Merkel, y que hoy es tutelada –para sonrojo de muchos- por la bandera de los Estados Unidos.

Viendo la realidad de nuestro laberinto hispánico, la afirmación -llena de encanto y de ironía- de Oscar Wilde: “La vida imita al arte” se me antoja que refleja, como ninguna otra, la visión de una política que no concreta la realidad, sino que la imagina, la idealiza hasta hacer de ella un enigma irresoluble, semejante al de Las Meninas de Velázquez: si en esta obra el espectador no mira el cuadro, sino que es el cuadro quien nos mira, con la política de Rodríguez Zapatero pasa lo mismo: el presidente, sumido en las dudas agónicas de los soliloquios de Shakespeare, ni observa, ni comprende lo que pasa en la sociedad, y mientras ésta se halla atónita ante la ambigüedad y la vacilación de un gobierno que se encuentra fuera de escena, y al que le falta la entrega, el compromiso moral y la altura personal para resolver el conflicto social de un país adicto, como dijo Nietzsche, “a querer demasiado” a quienes no siempre saben respetar los principios que prometieron salvaguardar.

Cuando un gobierno carece de mínima legitimidad moral, cuando un gobierno desvirtúa –por malicia, o lo que es peor, por desconocimiento - la realidad económica de un país, cuando un gobierno sólo hace frente a los fantasmas trasnochados del pasado, y no a los espejismos del presente, cuando un gobierno es el responsable político de la culpable ignorancia de la que sufren nuestros estudiantes, cuando esto ocurre, no le corresponde a la sociedad civil exclamar: “Márchese, señor Presidente”, ni solicitar una moción de censura o de confianza, esta tarea corresponde a la clase política, a la oposición en su conjunto, y, en particular, al Partido Popular, quien no puede seguir gozando de la franquicia calculada del silencio, ni ampararse en una frívola política utilitarista, porque, como afirmaba Ortega, cuando hacemos de la utilidad la única verdad, estamos navegando en el mal endémico de la mentira, la misma que cobija el fraude, la corrupción y el desengaño.

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 16 mayo 2010.

Estudiantes de Erasmus en Bolonia
Por José Sarrión Gualda. Catedrático de Historia del Derecho. Universitat Jaume I.

Faltan más de 200 años para que nazca el humanista Erasmo de Rotterdam, pero nos encontramos en Bolonia a mediados del siglo XIII. Estamos deambulando por las calles de la ciudad y hemos dado con el Estudio General (en el futuro, Universidad); fundado por el Maestro de Artes, el monje Irnerio, que, dejando los rigores de la fría y húmeda Alemania, ha pasado los Alpes, atraído por la tibia Italia y los rescoldos de la cultura jurídica romana.

A través de las ventanas del estudio nos llegan las risas de los estudiantes de Derecho. Se trata, sin duda, de la lectura o explicación de clase del maestro Odofredo. Este discípulo de Accursio tiene fama de salpimentar la lectura y glosa de los textos romano-justinianeos con anécdotas vividas por los profesores y estudiantes. Llenos de curiosidad nos lleva también la imaginación a situarnos en medio del aula sin interrumpir las explicaciones de Odofredo ni la atención de la docena de estudiantes. En esos momentos está glosando un texto del Código de Justiniano, que versa sobre el fraude.

Después de aclarar su sentido, y tras una breve pausa, los estudiante advierten que el tono de la voz del maestro se hace menos solemne y más familiar. La anécdota está al caer y empieza así: “Juan Basiano puso un ejemplo a propósito del fraude que se le intentó hacer al antiguo maestro Alberico. Dijo así: unos escolares españoles invitaron a comer al maestro Alberico quien, como decía el maestro Juan Basiano, era aficionado a comer y beber en grupo. Sentados a la mesa el maestro Alberico y los estudiantes, éstos le servían al maestro un excelente vino tinto. El maestro Alberico dijo: este vino me parece un poco fuerte; mezcladle algo de agua. Los estudiantes, entonces, empezaron a mezclarlo con un vino blanco, que parecía agua, y emborracharon al maestro. Cuando lo vieron ebrio, le convencieron para que saliera por fiador de ellos, y para que les dejaran consultar sus apuntes.”

Así eran algunos de los estudiantes pícaros de la Edad Media. Pero no nos interesan ahora los orígenes de la picaresca, sino constatar que a Bolonia acudían estudiantes, en su mayoría clérigos, de todos los rincones de la Cristiandad. No había barreras lingüísticas. El estudio del latín, como paso previo a ingresar en la universidad, los incorporaba a todos al conocimiento y manejo de una lengua común, Además, en la universidad de Bolonia y en las que se fueron creando a su imagen, se estudiaban los mismos textos, ya justinianeos ya canónicos y con la misma metodología: la glosa y el comentario.

A aquellas universidades, acudían jóvenes animosos a quienes no detenían ni los infames caminos, ni las largas distancias con jornadas inacabables, ni las incómodas posadas con duros jergones asaltados por las pulgas.

Pasados unos años y versados en una ciencia jurídica común volvían a su tierra donde aplicaban sus conocimientos en tribunales, Consejos del rey, Cancillerías… sin que fuese para ellos ningún problema interpretar y aplicar los textos de su reino y de su ciudad que no habían estudiado previamente.

Vayamos ahora a la actualidad y hagamos algunas consideraciones sobre el espacio único europeo de educación superior (Plan Bolonia). Nos referiremos sólo al grado de Derecho. ¿Cómo podemos lograr un espacio común en el ámbito jurídico, ni siquiera español, cuando cada universidad ha elaborado su propio plan de estudios? Si estamos en un Estado con un ordenamiento jurídico común (dejemos ahora fuera de nuestra consideración el Derecho autonómico y el foral), ¿cómo pueden ser diferentes los planes de cada universidad?

Al elaborar cada universidad su plan de estudios jurídicos, centenares o miles de profesores han invertido, o mejor, quemado, mucho tiempo y ahora se plantea el siguiente dilema: si todas las universidades han coincidido en diseñar el mismo plan de estudios, el esfuerzo de tantos profesores ha resultado inútil, pues hubiera bastado que una comisión redactase un plan único para todas las universidades españolas. Si las universidades han llegado a resultados diferentes, peor todavía, porque los estudiantes recibirán una formación distinta, cuando los conocimientos que precisan deben ser los mismos.

Si tenemos dos niveles, el grado y el máster, ¿por qué no ha de ser el primero común a todas las universidades, y el segundo profundizar en la formación específica que la sociedad requiera en el ámbito de influencia de cada universidad? Queremos un espacio europeo común de enseñanza superior y no facilitamos siquiera el traslado de expediente de una universidad a otra. La diversidad de planes de estudio no puede justificarse por la autonomía universitaria que es un recurso o medio técnico para una mejor gestión y no un fin en sí.

Adaptemos algunas ideas de la Edad Media. Si el latín no puede ser la lengua común europea, habrá de serlo el inglés. No podemos volver a estudiar exclusivamente los textos romanos y canónicos pero tampoco podemos ir erosionando en cada plan de estudios la formación común europea, refugiada en el Derecho romano y en la Historia del Derecho, cuando ésta se centra en fenómenos generales a toda Europa (Feudalismo, Renacimiento jurídico, Derecho común, Ilustración, Constituciones y Códigos). Otras materias como el Derecho comparado europeo debería constar en todos los planes de estudio.

Estas reflexiones pueden parecer exclusivas del estamento universitario, pero la universidad no debe ser un coto cerrado, sino un ámbito abierto a toda la sociedad.

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Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 2 mayo 2010.

Política y corrupción
Por Aniceto Masferrer. Profesor Titular de Historia del Derecho. Universitat de València.

Es bien conocida la tendencia humana a justificar los propios actos, esgrimiendo las razones que convengan con tal de maquillar la realidad, bien para conformar los hechos a nuestro antojo, bien para presentar como bueno lo que, de entrada, tiene visos de conducta moralmente reprobable. No hay más caminos: o se niega (o deforma) lo que ha acontecido en la realidad, o se esgrimen razones que permitan presentar laudable lo que, en principio, pudiera parecer más bien reprobable. En definitiva, o se tergiversan los hechos mismos, o se presenta un criterio o regla moral distinta a la existente para el caso concreto en cuestión, salvándose así la propia reputación frente a los demás, y en algunos casos incluso la imagen frente a uno mismo, quien termina dando por correcto algo que quizá no lo es.

Basta seguir mínimamente la actualidad social y política para constatar que la mencionada tendencia está al orden del día, adquiriendo en el terreno político una presencia acusadísima, quizá porque los políticos necesitan de la imagen para ganarse la confianza de los ciudadanos, al tiempo que generalmente no pocos están dispuestos a llevar a cabo lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Como gobernar pensando excesivamente en mantenerse en el poder raras veces casa con lo moralmente correcto, al político muchas veces no le queda otra vía que la de maquillar la realidad, negándola o presentándola deformada, ya sea consciente o inconscientemente. No es extraño que actualmente la clase política carezca del crédito que antaño podía haber gozado, y que los ciudadanos apenas confíen en ellos. Por extensión, lo mismo cabe decir de los medios de comunicación, para quienes la alianza con un partido político o un lobby particular resulta más relevante que el interés por informar de una manera desinteresada e imparcial.

Lo preocupante es que esta triste realidad no afecta tan sólo a cuestiones menores como puede ser si a una concreta manifestación han acudido un millón o dos cientos mil personas, si un político ha beneficiado a un pariente en un concurso público, o ha aceptado un obsequio de un valor económico más o menos considerable, sino a temas de mucho mayor calado de los que depende la vida y el bienestar de muchos miles de personas. Cuestiones relacionadas con los derechos humanos fundamentales como el ejercicio de la violencia, el terrorismo, la denominada guerra preventiva, el abuso y explotación sexual de mujeres y menores, la pornografía infantil, la exclusión social, el aborto o la eutanasia, entre otros, constituyen algunos ejemplos de temas sobre los que no debiera admitirse mentira ni falsedad alguna. De lo contrario, se terminan admitiendo y dando por buenas deplorables aberraciones, jugando tan sólo con el lenguaje, pues, según el parecer de una corriente de pensamiento, todos los conceptos son indeterminados, no teniendo más significado que el que le confiera la propia sociedad en cada momento, dependiendo tan sólo del contexto y del carácter persuasorio de la propia argumentación. Si no hay verdad, hay poco que hacer. Y si se llega a negar incluso lo evidente, menos todavía.

Así las cosas, si no existen referentes objetivos y permanentes, si los principios morales no son otra cosa que una construcción social, fruto de cada contexto histórico, me temo que no hay mucho que hacer, pues la experiencia muestra que no hay cosa más vulnerable (o manipulable) que la opinión pública, llegándose a gobernar al margen de ésta, o ignorando la voz crítica de una minoría que es presentada como una amenaza para una mayoría que es amorfa, acrítica, y sin voz efectiva. A partir de ahí, la estupidez campa por sus anchas, la corrupción causa estragos, y la injusticia carece de límites. En no pocas ocasiones, una minoría logra imponerse ante una mayoría que, inerme –que no ingenua–, no terminar de dar crédito lo que sus sentidos atestiguan. Mayoría amorfa e inerme, pero no ingenua o exenta de culpa. Comparto el parecer de quienes sostienen que carece de sentido criticar la falta de honradez de la clase política sin percatarse de que cada sociedad tiene los políticos que ésta se merece. Es más. Los propios políticos resultan un reflejo bastante fiel de la sociedad. Lamentar la corrupción en la política sin divisar esa concreta lacra en el mundo de la empresa, las finanzas, la comunicación, la cultura, el ocio, etc., y sin caer en la cuenta de que, a la postre, tal corrupción –y no sólo política– hunde sus raíces en la falta de honradez o degradación moral de las personas y la familia, denota una escasa capacidad de observación y análisis de la realidad social.

Lo más lamentable de la corrupción política consiste probablemente en aprovecharse de la coyuntura, acelerando el proceso de degradación general de la sociedad con leyes que permiten lo que jamás debiera permitirse, o prescriben lo que, perteneciendo al ámbito del individuo o la familia, ningún Estado debiera prescribir, precipitando la sociedad hacia el abismo del vacío y sinsentido más absolutos.

La historia, maestra de la vida, da prueba de ello, también hoy, pero al hombre le cuesta aprender, y aún más reaccionar. Es hora de despertar de este letal letargo y nadar a contracorriente, tarea no fácil pero apasionante para quien se decide a acometerla. En “Los ojos del hermano eterno” Stefan Zweig afirma que “en la tierra, el ejemplo es la ligazón más fuerte entre los hombres; toda acción despierta en los demás la voluntad de actuar con rectitud, de salir del sopor de la somnolencia y de llenar las horas de actividad”. Quizá se trata de lamentarse menos y de contribuir más con el propio ejemplo, compartiendo con Virata, el protagonista de la citada novela, la única preocupación que sacudía su alma, “ser justo y vivir sin culpa sobre la faz de la Tierra”, consciente de que “el que no actúa también hace algo que lo convierte en culpable”, pues “también la no acción es acción”, y sólo “el que no hace sino servir [a los demás] y renuncia a su voluntad se despoja de toda culpa”.

Grupo GESI

Por José Sarrión Gualda. Catedrático de Historia del Derecho. Universidad Jaume I.

Durante el sexenio 2008-2014, que está transcurriendo, se celebra el segundo centenario de unos acontecimientos importantes en la historia de España. Entre ellos, cabe destacar el levantamiento del pueblo español contra el invasor francés en 1808 en defensa de su independencia y la aprobación de la primera Constitución española de 1812 por las Cortes de Cádiz.

Convendría que estas conmemoraciones no se quedasen sólo en la celebración de congresos, jornadas…, sino también que sirviesen para reflexionar sobre lo que los españoles hemos sido, somos, y estamos dispuestos a ser o dejar de ser.

Hay quienes admiten o conceden que España (¡perdón! Estado español) es precisamente un Estado, pero en modo alguno una nación. Los partidos nacionalistas reconocen como nación a su parcela territorial y aspiran a constituir un Estado propio.

Bien. Repasemos verdades sencillas de nuestra historia. La unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón alumbró un nuevo Estado: La Monarquía española. No obstante, cada reino y territorio de la unión Castilla-León, Aragón, Valencia, Cataluña y poco después Navarra continuaron disfrutando de sus instituciones públicas y privadas y de su propio derecho. Ningún monarca absoluto de la Corona española cambió la estructura de aquel Estado que internamente era un conglomerado de reinos, virreinatos, condados y señoríos de la más variada naturaleza. Ahora dejamos fuera de nuestra atención los intentos o realizaciones parciales para reducir la Monarquía española a una organización más uniforme, como fueron los decretos de Nueva Planta.

Después, el pueblo español, aferrado a su independencia contra la invasión francesa en 1808, alumbró una nueva nación, cuando, entre Carlos IV y su hijo Fernando habían puesto en manos de Napoleón la Corona española. El pueblo español se levantó en armas y en distintas partes del territorio formó las llamadas Juntas Supremas. Cada una de ellas encarnaba una fracción de la soberanía nacional. El pueblo español en uso de su libertad y voluntariamente se constituyó en una sola Nación, la española. Así pues, de abajo arriba se formó la Nación y se recompuso el Estado.

Hace 200 años que los castellanos, gallegos, vascos, catalanes… se autodeterminaron y se reconocieron todos como españoles. Se reunieron en Cortes en Cádiz en 1810 y en 1812 aprobaron una Constitución liberal. Todos los diputados de los distintos rincones de España firmaron la Constitución que en su artículo 1º establecía: “La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”.

Reafirmamos nuestro compromiso de convivencia a través de una nueva Constitución en 1978. La Constitución reconoció la diversidad de las gentes y de la cultura española y le dio expresión política a través de las Autonomías, para que todos los españoles nos encontrásemos, sino a gusto, al menos cómodos dentro del marco constitucional.

Ahora que celebramos el 2º centenario de aquellos acontecimientos que nos constituyeron en un Estado nacional, parece que hemos entrado en un proceso de revisión tanto de la historia como de la realidad española. Queremos que este breve repaso histórico sirva de reflexión pedagógica para rectificar los errores que nos están apartando de la concordia y conduciéndonos a pasos acelerados hacia el enfrentamiento.

Si se apodera de nosotros la sinrazón, qué más da preguntarse quién empezó primero. ¿Favorece la concordia que una empresa retirara una publicidad “blanca” (anunciada por el Real Madrid) porque con ella no vendía sus productos en Cataluña o que ciertos mensajes dirigidos a los programas de las TV animen a no consumir productos catalanes?

Poseemos un himno nacional sin letra, “mudo”, que no incita a segar cabezas ni a regar la sementera con sangre enemiga y, sin embargo, es ensordecido por el griterío irracional en un pabellón de deportes. Siempre acudimos en esas ocasiones a suavizar el incidente, alegando que se trata sólo de una minoría. Pero tal comportamiento nunca sería civilizado, aunque lo practicase la mayoría.

Para finalizar salgamos de la mano de la ironía del abatimiento a que nos conduce estas reflexiones. No podemos negar que somos un País muy divertido. Nos entregamos a cuestionar y poner “patas arriba” todas nuestras Instituciones y al final acabamos por no saber quiénes somos. ¡Qué tristes y aburridos deben de sentirse los suecos con un sol huidizo y entregados sólo a producir acero y coches y fabricar muebles!

Grupo GESI - Universitas

Publicado en el diario Las Provincias. Domingo 18 abril 2010.

La tolerancia secuestrada
Juan Alfredo Obarrio. Profesor de Derecho Romano. Universitat de València.

El problema de la verdad es un desafío que parece sin respuesta en un tiempo de relativismo y de escepticismo radical como es el nuestro, donde el desdén por la ética y el fervor por un laicismo jacobino han propiciado la falta de reconocimiento de las raíces cristianas de Europa, hasta negar lo que T.S Eliot sostenía en ‘La unidad de la cultura europea’: «Todo nuestro pensamiento adquiere significado por los antecedentes cristianos. Un europeo puede no creer en la verdad de la fe cristiana, pero todo lo que dice, crea y hace, surge de su herencia cultural cristiana, y sólo adquiere significado en su relación a esa herencia. Si el cristianismo desaparece, toda nuestra cultura desaparecerá con él». Argumentaciones como ésta llevaron a afirmar a un pensador secundario como Gramsci -pero de gran influencia en nuestra clase dirigente- que sólo podía triunfar el marxismo si desaparecía el cristianismo y, con él, la primacía de la ideología sobre la verdad.

Sin duda alguna, los viejos principios de la Ilustración se han ido imponiendo: la exclusividad del conocimiento empírico, la búsqueda del paraíso terrenal, el deísmo o la autonomía de la moral subjetiva vienen a prevalecer sobre la ley natural o el conocimiento trascendente, aquel que nos sugiere que no es la libertad la que nos libera, sino la verdad buscada libremente, la misma que llevó a sostener a Habermas, en su obra ‘Tiempo de cambio’, que es el cristianismo, y no otra religión, el fundamento de la libertad, de la conciencia, de los derechos del hombre, de la democracia y de los cimientos de la cultura Occidental. «Tomar una conciencia cada vez más clara de nuestras raíces judeo-cristianas, no sólo no es un obstáculo al intercambio cultural sino que es lo que lo hace posible», concluye.

Aunque sorprendente, una visión no muy distinta a la recogida en estas líneas la hallamos en las palabras vertidas por José Luis Rodríguez Zapatero en el prólogo al libro ‘Tender puentes: PSOE y mundo cristiano’: «Esta es la tarea pendiente: sustituir la negación del valor de lo religioso o una actitud de indiferencia, por un reconocimiento y valoración positiva del mismo» y en la que se llega a sostener que «La creencia religiosa no es ajena a la esfera pública. Efectivamente, esta tarea fue puesta en marcha por los fundadores o, si se prefiere, por los iniciadores de la nueva Europa: De Gasperi, Monnet, Schuman o Adenauer, una generación de políticos cristianos que impusieron una mirada nueva a la Europa del nihilismo, y que llevó a sentenciar a Robert Schuman: «La libertad asusta cuando se ha perdido la costumbre de utilizarla», y se pierde cuando los ciudadanos nos callamos ante los intentos deliberados por ocultar una verdad adquirida tras una experiencia milenaria, la misma que -en palabras de García Cortazar- nos ayuda a escapar de la vanidad nacional, del provincianismo forzoso o de la inanidad educativa que desgraciadamente padecemos.

Por esta razón resulta paradójico ver cómo en la era de la memoria histórica se excluye de la Constitución Europea toda mención del Ethos cristiano, de las raíces en las que hemos crecido, para sacralizar, como recta razón, aquella que es de continuo corregida, para ensalzar la conciencia individual, como si ésta fuera la fuente de la moral y no el instrumento para buscar la verdad moral, o para trivializar todo intento por buscar una verdad última. Se está ignorando que, con su ostracismo, se cimentó la era del totalitarismo, al sostener que sin la existencia de una verdad objetiva, cada individuo estaba legitimado para imponer su libertad.

Esta situación, como la feroz campaña que está sufriendo Benedicto XVI -la que nunca padecerá el director de ‘El Pianista’-, no tiene en modo alguno que desanimar a los católicos, sino que debe servir de orientación y estímulo para una mayor y más vigorosa participación en la vida pública, porque, como sostuvo Juan Pablo II en una carta a los obispos franceses: «Bien comprendido, el principio de laicidad, muy arraigado en vuestro país, pertenece también a la doctrina social de la Iglesia. Recuerda la necesidad de una justa separación de poderes, haciéndose eco de la invitación de Cristo a sus discípulos: Dad al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios»; por lo que los católicos, como afirmara K. Popper en su libro ‘La sociedad abierta y sus enemigos’, “debemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho de no tolerar a los intolerantes”, o, como hiciera con mayor ironía Luis Buñuel, a quejarnos de vivir en una época en la que ni siquiera el artista pudo ser sacrílego porque se ha desdibujado todo lo sagrado.

GESI-Universitas

Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 7 marzo 2010.

¿Economía sostenible o New Deal?
Javier Plaza Penadés. Profesor Titular de Derecho Civil. Universitat de València

Hará unos cuantos años, en el examen de primero de Derecho, se me ocurrió preguntar, entre otras cuestiones, “la prodigalidad” y… si bien es cierto que la mayoría de los examinados dejaron la pregunta en blanco, otro grupo de “estudiantes” optó por responder con la famosa parábola bíblica del “hijo pródigo”. Cual fue mi sorpresa al descubrir, con honda tristeza, que la mayoría de ellos no sólo no sabía Derecho sino que además desconocían el idioma castellano, pues creían que pródigo era la persona que “tras haber obrado mal, se arrepiente y pide perdón”, ignorando que pródigo es “la persona que administra y gasta de manera desordenada y sin mesura sus bienes” (y de ahí que la parábola se intitule “del hijo pródigo”).

Este es un ejemplo más que añadir a los decepcionantes resultados que el sistema educativo español ha generado tras treinta años de Constitución y que refleja la cultura del español universitario medio. Cultura que, como bien dice el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de conocimientos que permite a la persona “tener criterio propio”. Pero lo cierto es que cada vez es más difícil encontrar y formar estudiantes que tengan cultura y, por ende, criterio propio, no sé si por interés o por desidia de la clase política, que es la que ha fomentado esta interesada “cultura de la incultura”.

Pero el tema que nos ocupa, por su urgencia que no por su importancia, no es el de la “incultura media” sino el de la “crisis económica actual”, y la referencia a la prodigalidad viene al hilo del calificativo que merece la gestión que en España se ha hecho de una crisis económica (elevada a la categoría de “gran depresión”).

Volviendo a la sabiduría bíblica, las crisis económicas (según el sueño de las vacas gordas y las vaca flacas) son cíclicas, vienen a durar aproximadamente unos siete años y la mejor receta es pasarla con los ahorros y beneficios generados en épocas de vacas gordas, algo que en España resulta imposible ya que el Gobierno, con su pródiga gestión, se ha gastado todo el superávit heredado y ha elevado el endeudamiento a cuotas tan históricas como la del número parados, con medidas de despilfarro como los cuatrocientos euros (prácticamente desaparecidos) o el Plan E, a las que se añaden una serie de ayudas a la banca, al sector del automóvil o a parte de los parados, que, desde luego, no sirven para generar lo que la sociedad demanda con urgencia: empleo estable y de calidad.

Agotado el Plan E y amenazado el sistema de ayudas y subvenciones, esto es, esquilmadas las arcas del Estado, la receta para salir de la crisis resulta ser ahora una Ley, intitulada de “economía sostenible”, pero que, al igual que el “desarrollo (económico, social y medioambiental) sostenible” en el que se inspira la ley, tiene dos cosas en común con el Plan E o con el sistema de ayudas públicas: su elevado coste y su evidente ineficacia, especialmente si con ello se quiere generar políticas de empleo estable.

El debate que planteo es si es suficiente con una Ley para salir de la crisis o si lo que se exige es un New Deal, y mi opinión es que el Gobierno de España, como ya hizo Franklin Delano Roosevelt frente a la inacción y falta de acierto de Herbert C. Hoover ante la crisis económica de 1929, necesita acometer un auténtico New Deal español, moderno y social, que parta de la realidad económica española y que permita reorientar y dinamizar la economía española remodelando todos los sectores productivos, desde el agropecuario al tecnológico, pasando por el de la construcción y el turismo, así como racionalizar y reestructurar las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), haciéndolas eficientes y descongestionándolas de cargos y puestos públicos innecesarios; y todo ello combinado con una mayor racionalización los horarios comerciales y laborales; una mejora en la productividad; una decidida apuesta por la calidad de los productos y servicios; una mayor racionalización y reequilibrio entre los salarios de trabajadores y los que cobran directivos y políticos; una flexibilización del salario y del mercado laboral; una mayor control del destino de los beneficios empresariales que deben de estar subordinados a las inversiones en la mejora de la empresa; o la promoción de empresas socialmente responsables…

En definitiva, esta grave recesión económica requiere, en mi modesta opinión, de un auténtico New Deal, cuyo contenido sea la reestructuración y reordenación de todos los sectores productivos y del sector público, que sirva de base para la recuperación y el aumento de todo el empleo que se ha destruido, y cuya forma sea un gran acuerdo de Estado, con la oposición y con los empresarios y sindicatos, que permita de verdad que la economía española salga renovada y reforzada de esta crisis.

GESI – UNIVERSITAS