Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 18 julio 2010.
Habemus statutum
Por José Sarrión Gualda. Catedrático de Historia del Derecho. Universitat Jaume I.
El estatuto del que se trata no puede ser otro que el de autonomía de Cataluña aprobado en el año 2006 y objeto de reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Quien escribe estas líneas es consciente de que, abordando los asuntos de Cataluña, incluso los de carácter estrictamente político, con el discurso y la razón, puede ser motejado de anticatalán por nacionalistas apasionados. No debería ser necesario alegar títulos y méritos para justificar una actitud de imparcialidad y tratar de evitar la descalificación de catalanofobia. Gran parte de mi carrera funcionarial y académica la he desarrollado en Cataluña, donde no sólo he publicado en catalán sino también he defendido esta lengua. Hay otras, pero basta ya de credenciales y vayamos al asunto que nos ocupa.
Hemos estado casi cuatro años pendiente de que la fumata del redondo edificio- “chimenea”, sede del Tribunal Constitucional, nos anunciase la decisión y sentencia de tan alto órgano jurisdiccional sobre los recursos interpuestos por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo, entre otros, contra el Estatuto de Cataluña, aprobado primeramente por el Parlamento de esta Comunidad y después por las Cortes españolas que insuflaron vida a una criatura que no debía ser viable en modo alguno.
Más de cuatro años, en que circularon borradores y proyectos de Estatutos de Autonomía, a todas luces, inconstitucionales. Creo recordar que un informe del Consell Consultiu de la Generalitat encontró más de una veintena de artículos del borrador o proyecto que no encajaban ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución. Y no debería ser necesaria la opinión de tal órgano consultivo, presidido por un ilustre catedrático de Derecho Administrativo. Entréguese a un ciudadano, poco experto en Derecho, el texto de la Constitución y el del Estatuto y comprobará como éste no encaja en el primero. Expresión ésta no muy propia de la dogmática jurídica, pero creo que es muy gráfica y exacta.
Ahora no voy a entrar a enumerar los argumentos que se han esgrimido contra la inconstitucionalidad del citado Estatuto, como la quiebra de la estructura unitaria del Estado nacional y una reforma fraudulenta de la Constitución por vía estatutaria que puede conducir hacia un deslizamiento confederal de nuestro Estado. Ahora señalamos sólo las actitudes y responsabilidades de tan desaguisada reforma y no entramos a considerar los efectos perniciosos de la misma para nuestra convivencia.
El “embrollo” en el que ha metido al Estado el Estatuto catalán tiene un responsable máximo, que lo bendijo antes de que el Parlamento de Cataluña lo concibiera. Después fue aprobado por las Cortes con ligeros retoques que no desnaturalizaban un proyecto por entero nacionalista. Entró a continuación en escena el Tribunal Constitucional (TC), que ha estado casi cuatro años, con tijera en mano, para decidir por dónde recortar el texto, y tratando de componer y pactar una sentencia entre sus miembros. El pueblo español asistía asombrado a la calificación que hacía la prensa de magistrados conservadores o progresistas, intuyendo el voto de cada uno, al considerarlos comisarios de los partidos políticos que los habían propuesto.
Cuatro años durante los cuales los partidos nacionalistas catalanes han estado descalificando y amenazando al TC, si había recorte del Estatuto. Por su parte el gobierno catalán del tripartito no se ha guardado de criticarlo y su presidente, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, convoca y preside una manifestación contra otro órgano del Estado. Al mismo tiempo ha ido aprobando leyes en desarrollo de un Estatuto impugnado. Cuatro años durante los cuales el TC ha tratado de componer una sentencia que, al final, ha resultado ser desaguisada; cuatro años de amenazas mientras que, por otra parte, el gobierno tripartito desarrollaba el Estatuto impugnado, para complicar más la situación. Cuatro años esperando, bastante desesperanzados una sentencia del TC ajustada a la Constitución y ¡Por fin, fumata!… negra para España.
Grupo GESI