Por Brian Buchhalter Montero. Personal docente e investigador en formación (FPU). Universidad Complutense de Madrid.
«Nunca en España se había vislumbrado con tanta claridad, a pesar del esfuerzo de grandes juristas patrios y extranjeros, que la presunción de inocencia es irracional y arcaica. Desde luego, hoy podemos vanagloriarnos de haber conseguido detener, enjuiciar y posteriormente fusilar a la presunción de inocencia (que siempre hemos tenido por culpable de la delgadez de la Administración de Justicia). Los raquíticos brazos con que el Estado democrático tenía que aprehender el delito tenían su primera razón en una presunción de inocencia excitada. Desbocada. Claro, ¿por qué debe un musculoso Estado partir de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario? ¿Por qué deben desperdiciarse recursos públicos, obligando al Fiscal a la timidez, a probar su acusación, si es evidente (¡!) que el detenido es culpable? Si fuera inocente no estaría detenido. Algo habrá hecho. Si calla, es porque algo oculta […]».
Así comenzará, como sigamos el camino que llevamos, en el año 2035 un exagerado y deficientemente escrito artículo de periódico. Allí, el poco dotado autor, celebrará que, por fin, el Poder Legislativo se haya decidido a reformar la Constitución y a expulsar el cadáver de la presunción de inocencia del Derecho español. Nos dirá que, si bien en su momento la presunción de inocencia pudo poner coto a los Jueces del Antiguo Régimen, ya ha cumplido su función. Nos recordará que la presunción de inocencia evitó condenas pronunciadas en duda, con la boca pequeña, y que honradamente salvó a más de un inocente (de los de verdad). Hoy –nos dirán– el ciclo de la presunción de inocencia ha terminado. Tal como vino el sufragio universal, tal como vino el divorcio, tal como vino el aborto o la eutanasia, así se va la presunción de inocencia. Acabará el artículo de periódico con una pequeña referencia al pasado año 2023 y concluirá, haciendo gala de su linaje en Delfos, que se veía venir: si la presunción de inocencia estaba, en 2023 en las últimas, no hacía falta ser Aristóteles para saber que moriría pronto. Y muerta la presunción de inocencia en manos de la sociedad, al legislador solo le quedaba, después de enterrarla, inscribirla en el Registro de las Instituciones Muertas.
Lo que no le gustaría saber a nuestro periodista del futuro, es que todavía existen comprometidos ciudadanos (y, sobre todo, autoridades) que creen en la presunción de inocencia. Que no la entienden como un etéreo espíritu que sobrevuela la práctica judicial (pero que no llega nunca a tocar tierra), sino como un elemento central de la convivencia pacífica. Saben esos ciudadanos que sin presunción de inocencia no hay democracia posible: haría falta mucha imaginación para pensar un Estado de Derecho longevo, funcional y asentado, que pueda subsistir sin garantizar a sus ciudadanos que son inocentes. Que son inocentes hasta que una resolución firme, producida como ordenan la Constitución y las Leyes, diga lo contrario. Ninguna sentencia sustentada en el olfato de la Policía, ni del Fiscal, ni del Tribunal sentenciador puede satisfacer esa legítima pretensión de justicia. El Estado de Derecho está obligado a garantizar a todos los que podemos temer (justificadamente o no) un proceso penal que, si leemos El Proceso de Franz Kafka, no estaremos constantemente pensando: ¿Y si me pasara esto a mí? ¿Y si la opinión del pintor del Juzgado valiera más que el hacer del Abogado? Pero claro, no solo debe garantizar el Estado de Derecho esa tranquilidad al lector de Kafka (sería una desconsideración con los lectores de Borges, por ejemplo), sino a todo al que asiste horrorizado a la condena mediática de quien, por muy culpable que parezca, todavía no lo es. El Estado de Derecho se ha obligado a garantizar, con la máxima severidad y con los más duros instrumentos a su disposición, que la presunción de inocencia vive. Y no solo que vive, sino que vivirá, a pesar de los ataques que padece en Tribunales y tribunas. Y efectivamente, la hermandad lingüística que une a Tribunas y tribunales no puede llevar a pensar que son lo mismo. Cuando flaquea la democracia al tutelar la presunción de inocencia (más difícil según más grave es el delito), pone las primeras piedras de su mausoleo. Ahora que acaba el texto puedo decirlo: que el principio de presunción de inocencia es irracional y arcaico, lo dijeron (y materializaron) los fascistas italianos, con las consecuencias que ya sabemos. Luchemos por ella.»