Crisis económica y pobreza.
Javier Plaza Penadés (Profesor de Derecho Civil. Universidad de Valencia).
La actual crisis económica, caracterizada por la confluencia de múltiples crisis (bancaria, financiera, inmobiliaria, de producción…), es sin lugar a dudas la más grave de cuantas se han conocido desde la Segunda Guerra Mundial, y en España, además y por desgracia, va tener con total seguridad un impacto muchísimo mayor por el número de personas en paro y porque corren malos tiempos para la creación de empleo y riqueza que es la mejor política social para combatir la pobreza.
La crisis en 2010 coincidirá con el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, en un momento de crecimiento mundial de la “pobreza extrema”, que lejos de erradicarse está aumentando de manera alarmante y lo va a seguir haciendo, ya que los fondos públicos del 0,7 y las ayudas al desarrollo se han reducido drásticamente, por lo que ese vacío se deberá de cubrir con el aumento la solidaridad y la caridad individual.
A ello se une el hecho de que la crisis, a parte de evidenciar un empobrecimiento general de la llamada clase media por la pérdida de poder adquisitivo y patrimonial, ha generado un nuevo nicho de pobreza en el mundo desarrollado, el de los “nuevos pobres”, conformado por familias que por la caída de sus ingresos y expectativas patrimoniales, o por la falta de acceso al mercado laboral no sólo tienen dificultades económicas para atender sus pagos cotidianos, sino que no obtienen ingresos suficientes para poder vivir con un mínimo de dignidad. Por ello, la actual crisis económica ha generado un aumento de consultas tanto en Derecho Concursal como en materia de subsidio de desempleo y prestaciones complementarias.
Afortunadamente la Comunitat Valenciana (dentro del Estado Social desigual en que se ha convertido España) es de las Comunidades que cuenta con una moderna Ley de renta mínima garantizada de ciudadanía (Ley 9/2007), desarrollo del compromiso de lucha contra la pobreza y la exclusión social que se introdujo ex novo en la reforma del Estatuto de Autonomía Valenciano de 2006, completando así la normativa de subsidio por desempleo. Cierto es que la Ley se pensó subjetivamente para erradicar la pobreza extrema y promover la inclusión social, pero objetivamente puede ser la única solución para toda persona o familia que esté en situación de necesidad por no recibir ningún tipo de ingreso, subsidio de desempleo, pensión alimenticia o ayuda económica. Además dicha Ley no contiene sólo la regulación de la ayuda económica básica y subsidiaria, sino que desarrolla todo un plan de formación laboral, educación y reinserción social de los miembros de la unidad familiar afectada, participando de la idea de que contra la pobreza no sólo se ayuda dando de comer sino enseñando a ganar el pan dignamente. Por ello la Ley valenciana 9/2007, de renta mínima garantizada, y su decreto de desarrollo deben reforzarse presupuestariamente e ir acompañados de otras medidas de apoyo que permita a las familias con graves dificultades económicas reconducir su situación personal, patrimonial y laboral.
Artículo publicado en el diario «Las Provicias», Columna Universitas, el 8 de marzo de 2009.