Publicado en el diario Las Provincias. Domingo, 12 julio 2009
De las penurias de los escritores y sus derechos
Javier Plaza Penadés. Porofesor de Derecho Civil. Universitat de València.
Retomando una secular cuestión en nuestro país, ya casi bicentenaria, que planteó con singular acierto el famoso periodista de costumbres Mariano José de Larra en su ‘Carta a Andrés escrita desde las Batuecas por El Pobrecito Hablador’, y en la que se planteaba si «¿no se lee en este país porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee?», se da uno cuenta que, casi doscientos años después, la realidad no sólo no ha variado, sino que ha empeorado, y que existe un statu quo que sistemáticamente ignora y maltrata al escritor y a sus derechos patrimoniales en la misma proporción en que beneficia a editoriales, productores y entidades de gestión.
Efectivamente, en el negocio de la llamada propiedad intelectual confluyen, al menos, tres grupos de intereses, cada vez más separados, divergentes y contrapuestos:
Por un lado están los escritores y creadores, que son indiscutiblemente la parte contractual más débil de un oficio que exige en la mayoría de casos un fuerte sacrificio intelectual, con abandono de familia y con una ingente inversión en tiempo, pese a que la hora trabajada resulta en la mayoría de casos de las peores retribuidas. Piénsese que, en el mejor de los casos, al escritor se le paga con un diez, con un quince o a lo sumo con un veinte o un treinta por ciento de los beneficios que su obra genera, sin olvidar que la mayoría de autores no famosos cobran apenas un cinco por ciento, o escriben gratis o, incluso, se tienen que sufragar el coste la edición.
Por otro lado están los editores, productores y cesionarios de los legítimos, que se llevarán de cada obra la parte no cobrada por el autor, esto es 70, 80, 90, 100 ó 110, deducido, eso sí, el coste de la edición.
En tercer lugar, la legislación de derechos de autor ha creado un nuevo grupo de beneficiarios, las entidades de gestión, que en España han cobrado fortuna, ya que junto a la archiconocida e impopular SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) se encuentran otras muchas como CEDRO (Centro español de derechos reprográficos), VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos), DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales), AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes), AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión), AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales), EGEDA (Entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales)…
El patrimonio de las entidades de gestión y sus pingües activos y beneficios son simplemente descomunales, especialmente si se compara con los ingresos que de ellas reciben sus gestionados o representados. Por ello, creo que va siendo hora de crear una nueva legislación de derechos de propiedad intelectual al servicio y protección de los intereses de los escritores, autores y demás creadores, de manera que se les garantice una posición contractual y jurídica mucho más digna. Asimismo resulta cada vez más necesario reordenar y racionalizar el funcionamiento y los beneficios de las entidades de gestión. Sé que mi propuesta provocará hilaridad y sonrisas especialmente en los profesionales del derecho de autor ajeno, pero a mí, como profesor universitario especializado en la materia, me parece justa, necesaria e inaplazable.
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