Artículo de opinión publicado el 30 de mayo de 2020 en el diario Las Provincias por Vicente Bellver Capella, Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universitat de València.

“Estoy convencido de que jamás ciudad alguna, al menos no de semejante magnitud e importancia, fue sorprendida por una calamidad tan atroz en condiciones de desprevención tan absoluta”. Estas palabras de Daniel Defoe sobre la peste de Londres en 1665 se aplican a la perfección a nuestro tiempo. Para poder afrontar otras amenazas análogas en el futuro, es imprescindible que nuestras sociedades estén preparadas para dar respuesta a los siguientes desafíos.

1.- El imperativo de investigar y los problemas éticos. Para combatir la pandemia en el futuro urge desarrollar vacunas para evitar contagios, y tratamientos para curar a los que se infecten. Pero los tiempos de la investigación no coinciden con la necesidad de remedios. Dos razones justifican esos tiempos más dilatados: el deber de garantizar los derechos de los sujetos de la investigación; y la exigencia de certidumbre acerca de la seguridad y efectividad de los productos obtenidos. Pero mientras mantenemos esos plazos mueren personas a las que podríamos haber intentado salvar con tratamientos menos seguros. Tenemos el deber de decidir el nivel de riesgo que queremos asumir a cambio de acelerar los procesos de obtención de tratamientos y vacunas.

2.- El imperativo de investigar y los problemas técnicos. Desde que el virus comenzó a extenderse por todo el planeta se suscitaron, casi con igual velocidad, un sinnúmero de investigaciones centradas en distintos aspectos de la pandemia. La experiencia de estas semanas nos muestra que se han multiplicado los proyectos con objetivos prácticamente idénticos y niveles muy diversos de rigor científico. Los resultados han sido en ocasiones pobres o contradictorios y, sin embargo, han consumido unos recursos tan valiosos como escasos. La premura por avanzar en el conocimiento no puede hacerse a costa del rigor científico imprescindible para que ese conocimiento alcance suficiente consistencia. Los proyectos de investigación deben desarrollarse en un marco de coordinación nacional e internacional que garantice que los esfuerzos y recursos se emplearán eficientemente. Y, evidentemente, esos proyectos requieren de recursos no solo en el momento presente sino en los próximos años.

3.- La revisión del concepto de salud y el modo de protegerla. La crisis de la Covid-19 nos enfrenta ante dos grandes cuestiones de las que se viene tratando desde hace décadas: la pertinencia del concepto de salud de la OMS y la relevancia de los condicionantes sociales de salud. ¿Tiene sentido mantener un concepto de salud prácticamente inalcanzable cuando pandemias como la actual nos enseñan que el genuino objetivo de salud individual y colectiva debería estar en garantizar unas condiciones ambientales y sociales que permitan aspirar a una expectativa de vida razonable, en la que alcanzar el pleno desarrollo personal? La falta de saneamiento y acceso al agua potable, así como la contaminación del aire y el modo en que nos relacionamos con los animales están revelando un efecto muy negativo en el origen o en la evolución de la pandemia.

4.- La desigualdad en la protección frente a la pandemia. La capacidad de respuesta efectiva de los países frente a la pandemia es enormemente dispar. Mientras que algunos estados cuentan con sistemas de salud bien dotados y organizados, capaces de garantizar a su población unos niveles aceptables de protección y asistencia, en otros solo existe una cobertura sanitaria insuficiente para afrontar graves amenazas sanitarias. Si aceptamos que las pandemias son un desafío global, esta desigualdad deberá ser objeto de una atención global prioritaria. Especial atención merecerán las personas que viven confinadas en los campos de refugiados, auténticos polvorines para una pandemia como la de Covid-19.

5.- La infodemia. Acuñado hace pocos años, el término designa la difusión de informaciones erróneas sobre las epidemias. Este modo de proceder no es exclusivo de la crisis actual sino una característica de cualquier epidemia. La novedad, en este caso, tiene que ver con las plataformas de la tecnología digital y su capacidad de diseminar errores hasta el lugar más recóndito en tiempo real, pero también de aportar una sobreabundancia de información que impide que el ciudadano disponga de una información fiable y útil para orientarse. Esa infodemia debe ser combatida pero, y ahí está dificultad, sin restringir los derechos a la libre circulación de la información y a la libertad de expresión.

6.- La limitación de los derechos y las bases sobre las que se deben tomar. La necesidad de contener el avance de la pandemia puede exigir la limitación de algunos derechos fundamentales. Esa limitación se sustenta en una serie de evidencias científicas y en su impacto sobre la salud pública y la de los individuos. Pero la decisión y alcance de la limitación corresponde al Parlamento. Existen dos parámetros para evaluar la constitucionalidad de las decisiones restrictivas de los derechos en situaciones de emergencia. En primer lugar, esas medidas se adoptan para combatir circunstancias de excepción y, en consecuencia, el retorno al plano disfrute de los derechos debe ser inmediato en cuanto aquellas desaparezcan. En segundo lugar, la restricción de derechos tiene que ajustarse estrictamente al principio de proporcionalidad, que se concreta en tres exigencias: idoneidad de la medida para alcanzar el fin perseguido; ausencia de alternativas menos gravosas que la decisión adoptada; y un mayor peso de los beneficios que se esperan conseguir que de los daños que se van a causar.

Los problemas mencionados nos interpelan a todos y exigen una reflexión colectiva que nos permita afrontarlos de forma justa. Los profesionales de la salud y los expertos en bioética tienen una responsabilidad singular en esta empresa; pero los ciudadanos debemos también participar, pues estamos directamente afectados en todos los casos.