Artículo de opinión publicado en el diario Las Provincias el domingo 15 de abril de 2018 por Aniceto Masferrer, Catedrático de Historia del Derecho  de la Universidad de Valencia.

«El proyecto nacional español se debió más a un acto de voluntad política, y sirviéndose de la fuerza homogeneizadora de la ley –legitimada por expresar una supuesta voluntad general–, que a la existencia de un sustrato cultural común que uniera a todos los pueblos asentados dentro y fuera del territorio peninsular. La concepción voluntarista de la nación (merced a un acuerdo de voluntades) y de la ley se hizo compatible, sin embargo, con el reconocimiento de unos límites tanto a la soberanía nacional, como a la facultad de crear leyes, el de los ‘derechos individuales’ –o ‘naturales’– que, considerados como ‘anteriores’, ‘superiores’ y ‘exteriores al Estado’, la nación soberana debía de reconocerlos y protegerlos.

Cabría preguntarse si es posible o viable una nación sobre la base de un sustrato cultural tan endeble, máxime cuando parece haber persistido la incapacidad –reflejada a lo largo los siglos XIX y XX– de integrar la diversidad cultural existente en los territorios de que se compone el propio Estado o nación española. A mi juicio, sí es viable siempre y cuando persista la voluntad, esto es, el acuerdo de voluntades de quienes componen la nación. Pero ello sólo es posible si existe un grado suficiente de cohesión social. De lo contrario, la coexistencia de los individuos en una nación se hace inviable, el ambiente se va intoxicando y el aire resulta cada vez menos respirable. Esto es, a mi modo de ver, lo que ha pasado con España, donde la cohesión social ha brillado por su ausencia.

Con ello no estoy dando la razón ni legitimando el caso catalán. El ‘procés’ es una parte del problema, a corto plazo sin duda el más acuciante, pero a medio y largo plazo no es el más importante. Nadie me negará que, en realidad, lo que más preocupa y entristece no sea tanto el que Cataluña siga siendo parte de España o no, como las consecuencias que la efectiva independencia catalana pudiera tener con respecto a la futura unidad territorial de nuestra nación, máxime cuando todo apunta a que otros territorios podrían optar por querer seguir el mismo camino. Eso sí resulta preocupante, pues ese proceso desembocaría inexorablemente a la desintegración de un gran país que ha dejado una impronta imborrable en la Historia de Occidente.

El temor de que otros territorios estén esperando la suerte final del ‘procés’ para separarse de España (y no estoy pensando tan sólo en el País Vasco), y de que otros pudieran finalmente optar por hacer lo mismo, es el mejor signo de que algo se está haciendo mal, y de que conviene hacer un ejercicio de autocrítica. El problema está, a mi modo de ver, en la falta de cohesión social. No está en el sistema autonómico, sino en el uso que se ha hecho del mismo. Un sistema del que se ha venido sirviendo durante tres largas décadas la clase política, y en particular la del PP y el PSOE, como objeto de espurio mercadeo (transferencias sobrevenidas de competencias, sistemas de financiación desiguales y otros pactos –generalmente con una carencia absoluta de transparencia, lo que es impropio de una auténtica democracia–) con partidos autonómicos –o nacionalistas– a fin de llegar a un acuerdo de gobernabilidad. No hace falta recordar aquí, por ejemplo, el contenido del acuerdo entre José María Aznar y Jordi Pujol (1994) que permitió el Gobierno del PP tras una última legislatura de Felipe González repleta de ilegalidades y de corrupción. Desde entonces, el PPC no ha hecho más que perder el nutrido peso electoral con que contaba, la educación en Cataluña está como está y el problema del catalanismo en Valencia arreció. Ni tampoco los tristes devaneos de José Luis Rodríguez Zapatero con Artur Mas con la cuestión del Estatuto catalán (2006), garantizando así su gobernabilidad tras dos legislaturas del PP. Cualquier observador mínimamente crítico podía vaticinar, por lo menos desde hace más de una década, la situación actual. Sin duda, ‘de aquellos polvos vienen estos lodos’.

Lo más sorprendente es que buena parte de la opinión pública piensa que la causa fundamental del ‘procés’ está en una parte del pueblo catalán y, sobre todo, en la clase política que apoya la causa independentista, sin percatarse de que han sido los políticos de los partidos mayoritarios quienes, con sus guiños y acuerdos espurios de gobernabilidad con partidos nacionalistas, han ido tejiendo una capa que no puede cobijar y abrigar por igual a todos los españoles. El material de ese tejido y de esa capa se llama insolidaridad, por mucho que luego no duden en recurrir a ese concepto cuando les interesa. Esa insolidaridad ha ido haciendo añicos, poco a poco, una cohesión social que resulta imprescindible para una nación que, como la española –y no sólo la nuestra–, apenas cuenta con un sustrato común e integrador de la diversidad cultural. La clase política de los partidos mayoritarios no parecen ser conscientes de su contribución en ese destrozo. No recuerdo que ningún expresidente del Gobierno haya pedido perdón por ello, quizá porque creen que esto les restaría honor y credibilidad, o porque piensan que en nuestros días tan sólo existe una institución que tenga el valor o el deber –según el parecer de cada uno– reconocer sus propios errores.

Sin cohesión social, sin una política con mayúsculas, esto es, completamente transparente y solidaria, nuestra nación es inviable y tiene los días –o los años– contados. La gobernabilidad no puede pagarse a cualquier precio; si hace falta, cámbiese la ley electoral para que los partidos mayoritarios no se vean abocados a pactos de gobernabilidad cuyo contenido son contrarios al interés de todos los españoles. Ya en el Gobierno, que la clase política no piense que todo se arregla con leyes: para este año 2018, por ejemplo, el Gobierno tiene prevista la aprobación de 9 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 240 reales decretos. Me parecen unas cifras desorbitadas. El político debería saber, respecto a las leyes, que es preferible que sean pocas, justas –o sabias– y solidarias, tejiendo así una capa que dé cobijo y abrigo a todos, en particular a los más vulnerables y necesitados. Y dejen el resto a la propia ciudadanía que, con su cultura y virtudes –como afirmó Francisco Silvela en 1876–, contribuya a fortalecer los vínculos de una nación unida por unos lazos más fuertes y perdurables –cultura, virtudes– que los provenientes de unos preceptos constitucionales:

“Solo en la conciencia de los ignorantes, solo en el espíritu de los que desconocen completamente los elementos de toda ciencia, cabe una fe tan absoluta en esas panaceas, como remedio infalible a todos los males. A medida que el espíritu se ilustra y se cultiva la inteligencia, se adquiere el convencimiento de que en sociología, lo mismo que en las demás ciencias, esas panaceas no existen; aquí, muy pocos males se pueden curar por las leyes. Lo más á lo que los legisladores pueden aspirar en muchos casos, es á conocer el mal y á formular el diagnóstico, dejando después obrar á la naturaleza; y son por lo común políticos aventureros é ignorantes los que pretenden que todos los males de un país pueden corregirse solo por medio de las leyes. […] es preciso que todos los hombres honrados nos aunemos para decir al país que sus principales males solo pueden curarlos él mismo, aumentando su cultura y sus virtudes”.